Ayer publicamos un importante trabajo sobre el reto que es llegar al grado de inversión y las tareas pendientes que persisten en cuanto a la posibilidad de atraer más inversión para Guatemala, país que se mantiene estable con la calificación BB+ pero que enfrenta escollos de décadas para alcanzar el llamado “grado de inversión” que según la entidad Standard & Poor´s Global Ratings estaría accesible si el país diera el necesario salto para superar la simple “estabilidad”. En efecto, el país ha tenido estabilidad macroeconómica durante varios años con la inflación controlada, tipo de cambio estable y fuerte ingreso de divisas por las remesas, todo lo cual nos permite mantener esa calificación que no es despreciable.
Pero si quisiéramos atraer más inversión hacen falta cambios muy importantes tanto en el tema de la inversión pública en infraestructura como en cuanto a superar el temor de inversionistas a venir a un país donde, pese a los señalados aspectos positivos, persisten situaciones que limitan su capacidad. Hablando de manera muy concreta tenemos que decir que Guatemala no podrá superar esa limitación que le impide superar la calificación BB+ mientras subsista la captura del Estado para hacerlo funcionar al ritmo de la corrupción y al servicio de grupos que buscan impunidad.
Es una realidad irrefutable que nuestra infraestructura está mal porque lo que se ha “invertido” sirvió para hacer obras tipo mamarracho, pero 100% negocio oscuro, a fin de que funcionarios y contratistas se pudieran embolsar más dinero con cada una de las contrataciones, realidad que no se puede obviar y que nos impide acceder a un nivel más alto de confianza para los inversionistas pues está visto que aquí quien no está dispuesto a dar mordidas, la vuelta se le hace más larga y cansada.
Para cambiar eso no basta el voto de la gente que hace tres años participó precisamente en busca de esa transformación, sino que se impone la necesidad, irrefutable, de modificar nuestro modelo de justicia porque mientras la impunidad siga siendo su principal objetivo, el país jamás podrá salir del atolladero en que lo han metido los ladrones que se hacen millonarios con un sistema hecho a su medida. El actual gobierno no se ha podido librar de esa situación y muchos de los negocios que han realizado varias de las dependencias públicas sigue siendo parte del juego de la corrupción.
La Ley contra el Lavado de Dinero es una urgente necesidad para establecer un valladar legal que permita perseguir a quienes se roban los fondos públicos y el rol del Ministerio Público es clave, no digamos el de los buenos jueces a los que les debemos garantizar independencia. Evidenciar a los operadores de justicia que usan el crimen vital. No tenemos suficientes carreteras, ni puertos o aeropuertos, porque todo centavo tiene como finalidad enriquecer a los operadores de la corrupción. Situaciones como las del famoso aeropuerto de Escuintla no son aisladas sino que resultado del patrón existente.
El potencial para ser un país altamente atractivo para los inversionistas decentes es grande, pero mientras sigamos con el modelo actual ellos se la pensarán dos veces y además, debemos cerrar el paso a piratas e inversionistas chinos que buscan más control que progreso.
