El mandato constitucional que ordena el relevo en el Ministerio Público se ha convertido en una clarísima muestra de lo que es nuestro sistema de justicia, absolutamente manoseado para convertirlo en garantía de impunidad que facilite las operaciones ilícitas, que pueden ir desde la corrupción en el manejo de los fondos públicos hasta operaciones de otras formas de crimen organizado. La Comisión de Postulación para Fiscal General dio las muestras irrefutables de cómo se opera en Guatemala y el manoseo que se hace de las leyes para garantizar lo que las mafias vienen haciendo desde hace ya muchos años en perjuicio del país y su población.
Podemos citar dos casos concretos para evidenciar esa triste realidad. Por un lado se descalifica y deja fuera a un abogado contra el que no se han presentado tachas -salvo las que plantea la Fundación Contra el Terrorismo- y que ha sido un funcionario judicial eficiente y respetuoso de la ley. El actual Ministro de Gobernación, que ya participó en anterior proceso de postulación para Fiscal sin que se objetara en nada su participación, ha sido marginado por los actuales miembros de la postuladora que se inventó un requisito que no está en el marco de la ley, pero que por mayoría de sus integrantes fue establecido porque era justamente el camino para marginar a Marco Antonio Villeda, quien desde las instancias de extinción de dominio, demostró su profesionalismo.
Contrasta su situación con la de Consuelo Porras, la mejor calificada en la postuladora, quien fue señalada con pruebas fehacientes de plagio en su tesis de doctorado (basta comparar los dos textos para verlo) y, sobre todo, ha enterrado todos los grandes casos de corrupción que involucran a los gobernantes que la nombraron, precisamente, para que los encubriera. Pesa además sobre ella una polémica de supuestas adopciones en los años en que esas eran un negocio redondo.
La lógica, la claridad de los hechos, los principios legales y el sentido de justicia están absolutamente destruidos como se puede comprobar simplemente con la comparación de ese doble rasero que usa una Comisión de Postulación cuyo único objetivo y propósito es mantener al Ministerio Público como instrumento de impunidad en los casos de corrupción y de delitos relacionados con el crimen organizado.
Hay un par de candidatos que no responden al perfil de quienes quieren seguir manteniendo el control del MP para dar Consuelo a la impunidad y la corrupción, pero serán los hechos los que confirmen dónde están realmente parados.
El desempeño en sus funciones de Villeda y Porras no puede ser más desigual, pero ese contraste únicamente sirve para que los ciudadanos podamos entender con irrefutable claridad para qué y cómo es que opera nuestro modelo de justicia. Es clarísimo que la mayoría de los comisionados están cumpliendo con su deber, con el compromiso que adquirieron con las mafias, y lo hacen con total descaro y cinismo.
Tristísima realidad de nuestra Guatemala y por eso es que luego de las elecciones del 2023, nos debemos preguntar ¿dónde están las propuestas de reforma al sector justicia? Fácil expresarse en X, pero ese no fue el mandato que se recibió en las urnas en aquellos meses.
