Por Redacción La Hora
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El magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Vladimir Aguilar, anunció que presenta la renuncia a su cargo para demostrar su inocencia por los señalamientos en su contra por su presunta responsabilidad en el caso TCQ, por no declarar lesivo el contrato de usufructo oneroso.
Aguilar hizo este anuncio luego de que la CSJ enviara al Congreso una solicitud de antejuicio y se integrara una Comisión Pesquisidora que analizará si le retirará su inmunidad por su presunta responsabilidad en el caso TCQ.
El magistrado rechazó la decisión de la Corte de dar trámite el antejuicio en su contra y señaló que no ha sido notificado del mismo. Lo legal era que me notificaran a mí, llama la atención ese protagonismo, dijo en referencia al presidente de la Corte, Rafael Rojas, que anunció la decisión en una conferencia de prensa.
Asimismo se pronunció sobre el nombramiento del diputado Luis Fernando Montenegro, de la bancada Encuentro por Guatemala, ya que fue ese bloque el que interpuso la solicitud de antejuicio en su contra. El funcionario calificó a la Comisión Pesquisidora que conocerá su expediente como «un circo».
Según Aguilar, la acción de entregar el cargo no tiene precedentes, ya que al hacerlo renuncia a su derechos, entre ellos el de antejuicio, que es irrenunciable a menos que se deje el cargo. Lo que han hecho otros es que se aferran al puesto, indicó.
Por su parte, la diputada Nineth Montenegro indicó que Aguilar renunció para evitar un juicio político y lamentó que el magistrado diga que la pesquisidora es un circo.
De acuerdo con Montenegro, la renuncia la debe de ratificar el pleno de la CSJ, hasta que eso no suceda la labor de la Pesquisidora continúa.
En el Congreso, los diputados de esa bancada ratificaron la denuncia ante la Comisión Pesquisidora, contra el magistrado.
El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) también interpusieron una solicitud de antejuicio contra Aguilar, por el delito de tráfico de influencias.
A partir de la renuncia de Aguilar, el Congreso deberá elegir a un togado que lo sustituya de una lista de 13 magistrados suplentes.
EL CASO
TCQ y la Empresa Portuaria Quetzal firmaron un contrato por 25 años prorrogables por un terreno de 34 hectáreas sobre el cual se construiría y operaría una nueva terminal, que tenía contempladas tres fases de desarrollo que alcanzarían una inversión de por lo menos 255 millones de dólares. TCQ aparentemente dotaría al Puerto Quetzal de instalaciones con avances tecnológicos y de seguridad, garantizando eficiencia y productividad en la operación de contenedores.
Desde enero del 2012 y hasta al menos abril de 2015 se concertó un grupo criminal con roles definidos aliados para obtener beneficios económicos generados por la celebración y ejecución del contrato a favor de la entidad TCQ S.A., destinado a ceder a esa sociedad una porción de terreno de la Empresa Portuaria Quetzal para la construcción, desarrollo y operación de una terminal privada de contenedores.
Esta asociación tuvo la función de interferir en diversos actos dirigidos a la realización de ese proyecto, del que la organización obtendría lucro, y para dirigir acciones llamadas a ocultar y blanquear los dineros recibidos de origen ilícito.
Diputados de Encuentro por Guatemala ratifican su denuncia contra el magistrado Aguilar, quien renunció hoy. pic.twitter.com/KiRtuQIZsQ
— Diario La Hora (@lahoragt) 13 de mayo de 2016
