POR VIRGINIA CONTRERAS
vcontreras@lahora.com.gt
En la vista pública realizada esta mañana en la Corte de Constitucionalidad (CC) que contó con la presencia de los directivos del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), el sector empresarial organizado solicitó que se suspenda en definitiva la Ley de Tarjetas de Crédito y que sea expulsada de la legislación.
El presidente del CACIF, José González Campo, explicó que la Ley es inconstitucional debido a que la misma fue aprobada sin contar con una mayoría calificada, por lo que esperaría que sea declarada de esa manera.
«Hay temas que carecen de una mayoría calificada para su aprobación, temas muy sólidos y se espera que exista una resolución favorable por parte de la Corte», acotó.
Al ser cuestionado sobre el porqué solicitan la anulación total de la Ley, indicó que no se trata de lo que se logra, sino cómo se logra y al dejar pasar este tipo de normas que no son constitucionales, puede sentar un precedente que exponga peligro.
Añadió que a su gremio le parece importante que exista una normativa legal que defienda los derechos del consumidor y que a la vez defienda los derechos de los emisores de tarjetas.
“Una ley que vaya en esa línea en que se defiendan los derechos de ambos es importante, pero deben contener argumentos sólidos, dictámenes correctos y que sea aprobada adecuadamente contando con la mayoría aprobada por parte de los diputados”, dijo González.
Por otro lado, el Directivo manifestó que en un futuro, para implementar otra iniciativa, se deberá tener mayor información en ambas vías, tener capacidad de consumo y que los usos incorrectos se puedan regular, en sí, que se pueda solucionar de fondo los temas abordados.
En la actividad también se contó con representantes de la Asociación Bancaria, Citibank, Ministerio de Economía, Procuraduría General de la Nación (PGN) y Ministerio Público, entre otros, quienes señalaban que el decreto 7-2015, Ley de Tarjetas de Crédito posee vicios interna corporis y de fondo, así como varios artículos de la misma contiene normas inconstitucionales.
Dentro de los argumentos presentados se detalló que existe una violación en el artículo 4 de la Constitución Política de la República, que establece el principio de igualdad y según refirieron se evidencia una desigualdad notoria entre el emisor y el tarjetahabiente, así como se genera la exclusión arbitraria de futuros tarjetahabientes.
De esta manera se violenta la autonomía de la voluntad y libertad de contratación en el negocio de las tarjetas de crédito.
