Por: Juan Vicente Martínez Marín
La Universidad de San Carlos de Guatemala —pilar histórico desde 1676— atraviesa una erosión institucional que amenaza su prestigio centenario. Lo que en otro tiempo fue referente de excelencia académica y compromiso cívico, hoy parece ceder ante prácticas de clientelismo y una gestión que se aleja de su misión pública.
Desde hace más de diecisiete años laboro en la Universidad de San Carlos, lo que me ha permitido observar de cerca su dinámica institucional. Mi formación y experiencia en áreas administrativas y financieras provienen del ámbito privado, mientras que mi vínculo con la academia se ha construido tanto desde la práctica como desde el esfuerzo autodidacta y la docencia universitaria.
He visto con preocupación cómo la administración actual recurre a plataformas digitales y actos públicos para construir una narrativa de gratitud. Abundan publicaciones y agradecimientos que buscan legitimar decisiones que, por su naturaleza, deberían responder a criterios técnicos y al mérito, no a dinámicas de favor o reconocimiento personal. Este tipo de prácticas no solo distorsiona la relación entre autoridades y comunidad universitaria, sino que debilita una cultura institucional basada en la transparencia.
Esa lógica también se refleja en decisiones presupuestarias que merecen ser discutidas. Mientras distintas unidades académicas enfrentan limitaciones reales para sostener sus funciones, se ha optado por organizar procesos y actividades institucionales en recintos privados. Ha sido de conocimiento público que la jornada electoral vinculada al proceso rectoral ha sido convocada para celebrarse en el Hotel Casa Santo Domingo, en La Antigua Guatemala. La sola planificación de este tipo de decisiones —existiendo instalaciones universitarias adecuadas y sin costo adicional— plantea interrogantes legítimas sobre el uso de los recursos y sobre la relación de la universidad con la sociedad que la financia.
Más allá de lo administrativo, el problema es también ético e institucional. La legalidad formal no puede convertirse en refugio de decisiones que, en la práctica, erosionan la legitimidad. Reglamentos y procedimientos son necesarios, pero pierden sentido cuando se perciben desconectados del espíritu democrático que debería guiar la vida universitaria. Cuando esto ocurre, no se trata únicamente de cumplimiento normativo, sino de confianza pública.
Esta reflexión no busca señalar a personas en particular, sino llamar la atención sobre prácticas que, sostenidas en el tiempo, terminan afectando el pluralismo, la calidad académica y la credibilidad institucional. La universidad pública no puede permitirse operar bajo lógicas que debiliten su función crítica y su responsabilidad social.
Frente a esto, es necesario abrir una discusión seria y propositiva. La transparencia en el uso de los recursos, la rendición de cuentas y el fortalecimiento de los mecanismos de participación no deberían ser demandas excepcionales, sino condiciones básicas de funcionamiento. Priorizar la docencia, la investigación y el acceso equitativo debe volver a estar en el centro de cualquier decisión institucional.
La Universidad de San Carlos ha sido, históricamente, un referente ético y social para el país. Recuperar esa condición no depende únicamente de discursos, sino de prácticas concretas que devuelvan confianza a la comunidad universitaria y a la sociedad guatemalteca.
