POR MARIELA CASTAÑÓN
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Entre el 1 de enero de 2012 y el 30 de abril de 2016, la Policía Nacional Civil (PNC) efectuó 210 mil 158 capturas por diferentes delitos. En el mismo periodo de tiempo, el Organismo Judicial (OJ) emitió 65 mil 733 sentencias. La cantidad de capturas y la burocracia en los procesos judiciales tuvo un efecto considerable en el último eslabón de la cadena de justicia: en las cárceles del país, que albergan a más de 20 mil 300 privados de libertad.
La mañana del 2 de mayo, investigadores de la Subdirección General de Investigación Criminal (SGIC) de la PNC y fiscales del Ministerio Público (MP) realizaron una redada masiva en contra de personas sindicadas de conformar una estructura de presuntos extorsionistas, que habría cobrado ilegalmente Q3 millones en un año.
El operativo inició a las 6 de la mañana y culminó con la captura de 72 sindicados. En el transcurso de la semana se ejecutaron más detenciones y hasta el sábado pasado se cuantificaban 80 aprehensiones.
El día del operativo, las autoridades dispusieron implementar un Centro de Administración de Justicia (CAJ) en el Club de Oficiales de la PNC, ubicado en la zona 6 capitalina, donde intervinieron todos los actores involucrados en los temas de seguridad y justicia, es decir, la PNC, el MP, el Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) y el OJ.
En esa ocasión, la jueza suplente, Anabella Acevedo, notificó a los 72 el motivo de su detención y los envió a diferentes cárceles del país.
Por otro lado, el IDPP informó que 10 abogados defensores fueron designados para quienes solicitaran el apoyo legal. El 4 de mayo el IDPP indicó que asistirían a 54 de los 72 detenidos.
Mañana está previsto que los sindicados rindan su primera declaración; mientras tanto, permanecerán en el sistema carcelario, que tiene capacidad para 6 mil 809 privados de libertad, pero albergan a 20 mil 322 detenidos.
El proceso legal para algunos de los señalados podría demorar varios meses o hasta un año, según fuentes oficiales.
CAPTURAS, PROCESOS Y HACINAMIENTO
En los últimos 4 años y 4 meses, el Ministerio de Gobernación (Mingob) efectuó 210 mil 158 detenciones, la mayoría fue por flagrancia. (Lea el recuadro PNC ejecutó más de 210 mil capturas).
La cantidad de personas detenidas influyó considerablemente en la sobrepoblación carcelaria, que para el año 2012 tenía 13 mil 161 privados de libertad y para 2016 alcanzó 20 mil 322 reos, más de la mitad en cumplimiento de condena. (Lea el recuadro Cárceles albergan a 20 mil 322 privados de libertad).
Otro factor que también provocó el hacinamiento carcelario fue la burocracia en los procesos judiciales (Lea el recuadro OJ emitió 65 mil 733 sentencias), que no solo involucra al OJ, sino también al IDPP, el cual, según sus representantes, enfrenta varios desafíos. (Lea el recuadro IDPP atendió a 252 mil 316 personas sindicadas).
¿QUÉ DICEN LOS REPRESENTANTES DE CADA ENTIDAD?
La Hora buscó a los representantes del Mingob, del IDPP y el OJ, para conocer las razones por las que consideran que existen dificultades en los procesos legales, que inician con una captura y concluyen con burocracia y hacinamiento en las prisiones.
Francisco Rivas, titular de la cartera del Interior, explicó que no todas las capturas concluyen con sentencias y los procesos pueden demorar más de un año porque se rigen por una serie de pasos.
«No todas las detenciones terminan con un procedimiento común, a través del cual se emite una sentencia condenatoria o absolutoria. Hay algunos casos, por ejemplo, de personas que están sindicadas por delitos menores que no necesariamente llegan a una sentencia condenatoria. Adicionalmente, están las personas que son sometidas a un proceso que regularmente tarda más de un año, porque si el juez les da medida sustitutiva, regularmente le dan al MP 6 meses para que formule su acto conclusivo o su acusación», indicó el Ministro.
Rivas agregó: «Después de esos 6 meses se procede a la etapa intermedia, donde se valora la acusación y se determina si va a juicio. Y si es así, sube a un tribunal de sentencia. Este, al admitir el proceso, tiene que señalar día y hora para el debate, y ellos tienen una serie de debates programados. Normalmente, el proceso termina en más de un año, después de que la persona ha sido detenida», dijo.
De acuerdo con el funcionario, la burocracia en los casos responde a que los procesos legales están definidos por etapas, aunado a la falta de fortalecimiento para cada institución involucrada en el sistema de seguridad y justicia. El entrevistado ejemplificó los desafíos tras la redada masiva del 2 de mayo.
«Ayer -3 de mayo- terminamos con 76 personas detenidas en el mismo caso, pero solo tenemos 12 juzgados, un Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) fortalecido de alguna forma a nivel de la capital, pero no a nivel departamental, y un MP que solo cubre un 15 por ciento del territorio nacional. Realmente esto responde a la falta de fortalecimiento del sistema de justicia, pero también es una consecuencia de los problemas financieros que el Estado ha padecido por años y que en algunos momentos también se ha privilegiado fortalecer a otras instituciones y no al sistema de justicia», indicó Rivas.
A criterio del titular del Mingob, en la medida que el Estado fortalezca al MP, al OJ, Mingob, PNC, al IDPP, los procesos legales serán más ágiles.
Por otro lado, Nydia Arévalo, directora del IDPP, indicó que la saturación de trabajo y los pocos defensores públicos con los que cuentan, difícilmente pueden proporcionar «calidad al usuario», ya que un defensor público puede tener en un día de trabajo 18 declaraciones.
«Recientemente fui a la Torre de Tribunales, platiqué con una defensora pública y le pregunté si podía ver su agenda, que es la asignación de trabajo diario que tiene cada defensor: llevaba 18 declaraciones para un día de trabajo. Técnicamente tendría que llevar un máximo de 5 declaraciones para que pueda dar un servicio de calidad, pero con esa carga de trabajo, lo que podría ser es que la calidad sea menor y no por culpa del abogado defensor, sino por el tiempo o porque no se pueden dedicar como quisieran», lamentó Arévalo.
De acuerdo con la profesional, actualmente poseen un presupuesto de Q125 millones que es insuficiente para cubrir las demandas que se requieren. En tanto, solo hay 400 abogados defensores y unos 300 asistentes para atender los miles de casos en toda la República.
Según Arévalo, el IDPP lleva un 85 por ciento de los procesos legales de los más de 20 mil privados de libertad, aunado a que la mayoría de abogados particulares abandona los procesos en la fase de debate, impugnaciones y ejecución.
«Sin defensa pública no hay justicia, tiene que haber defensa pública presente y fortalecida como el MP y el OJ, para que respondan. Llevamos el 85 por ciento de los casos penales que se ven en Guatemala, el resto lo ven abogados particulares. Tenemos una fuerte carga de casos que toman los abogados particulares y que en la fase de debate, impugnaciones o ejecución termina la relación de asistencia técnica particular, eso también forma parte de los asistidos por esta institución», argumentó la Directora.
La entrevistada concluyó en la necesidad de fortalecer al equipo de abogados, pero para ello se necesita mayor asignación presupuestaria. La funcionaria agregó que desde hace algunos años el IDPP cuenta con el mismo presupuesto, aunque la demanda de casos se ha incrementado.
En tanto, Ángel Pineda, vocero del OJ, dijo en referencia a la diferencia entre capturas y sentencias, que esto podría responder a que no todos los sindicados son encontrados culpables en un proceso, o también a que en estructuras criminales integradas hasta por 100 personas, solo se emite una sentencia.
«La diferencia entre la cantidad de capturas y un número reducido de sentencias puede ser por varias circunstancias: uno, porque durante el desarrollo del proceso hay posibilidades para aplicar el principio de inocencia; segundo, es que por ejemplo pueden capturar a 100 personas, pero puede ser un solo proceso y una única sentencia. Si es una banda del crimen organizado y hay 20 personas, puede haber una sola sentencia», argumentó Pineda.
El portavoz del OJ dijo que otro factor que provoca diferencias entre capturas y sentencias se debe a los meses o años que puede demorar un proceso legal, lo que no coincidirá con el mismo periodo de tiempo con el que se ejecutaron detenciones.
«Otra razón es que una sentencia podría llevar un poco más de un año, por ejemplo, si en 2015 la PNC capturó a 100 personas y solo hay 2 sentencias, es porque todavía está pendiente que el proceso vaya a apelación o llegue a casación; con esto el proceso puede durar muchos años, nunca va a coincidir las capturas de ese año con las sentencias», afirmó.
El representante del OJ explicó que existen varios desafíos que enfrentar para reducir la mora judicial y esto está relacionado a la administración del despacho judicial.
«En materia penal hay dos desafíos importantes: uno, continuar adecuadamente el desarrollo del despacho judicial, en el sentido que sea el secretario el administrador del despacho judicial y que el juez continúe desarrollando únicamente jurisdicción, esa circunstancia se está desarrollando, pero es importante seguir capacitando a los miembros de los juzgados y de los tribunales, para que desarrollen sus actividades de buena manera. Por otro lado, en virtud de desarrollar eficientemente el despacho judicial, se pueda cumplir con los plazos que estipula la Ley y reducir la mora judicial y también que se puedan crear nuevos juzgados para descargar el trabajo», refirió.
Pineda concluyó que un presupuesto idóneo ayudaría al OJ. En 2016, esta instancia solicitó al Congreso de la República Q2 mil 694 millones, pero únicamente les asignaron Q1 mil 607 millones. En una última readecuación presupuestaria le asignaron Q320 millones más, pero sigue siendo insuficiente para las necesidades de la institución.
