POR CLAUDIA PALACIOS
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El Ministerio Público (MP) no citará a Gustavo Alejos, ex secretario general de Álvaro Colom, por el Caso TCQ, pese a que el testigo César Medina Farfán lo identificó como una pieza importante en la negociación.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, explicó que la intervención de Alejos en las negociaciones ilegales para la entrega de un usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) no fue en calidad de funcionario, por lo que no existe certeza de la comisión de un ilícito por su parte.
El testigo César Medina Farfán, declaró en anticipo de prueba que Alejos y un operador identificado como Gregorio Valdez participaron “activamente” en la firma del contrato y conocían de las comisiones que la empresa ofrecía como soborno a los funcionarios involucrados.
De acuerdo con esta versión, ambos permitieron el acercamiento de la empresa TCQ con el Ejecutivo, durante la gestión de Álvaro Colom.
Sandoval dijo que por el momento la Fiscalía no tiene contemplado actuar contra Alejos, pero advirtió que las investigaciones aún están en proceso y podrían identificarse nuevos delitos.
El ex secretario general de la Presidencia está en prisión preventiva y enfrenta una causa penal por su presunta participación en una estructura de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, la cual se dedicaba a manipular los procesos de contratación de proveedores de medicamentos para favorecer a ciertas empresas.
INVESTIGACIÓN
Ayer, el juzgado B de Mayor Riesgo ligó a proceso y envió a prisión preventiva al expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti por supuestamente aceptar un soborno a cambio de agilizar y permitir la firma de un contrato para el usufructo de un terreno en Puerto Quetzal.
Por este caso también enfrentarán proceso Julio Sandoval, exsubinterventor de la Portuaria Quetzal, y Juan José Suárez, representante legal de TCQ.
Allan Marroquín, exinterventor de la Portuaria, fue localizado en Estados Unidos, donde está tramitando un asilo, ya que considera que las investigaciones son una persecución política. Otras cuatro órdenes de captura internacional están pendientes de ser ejecutadas.
El juez Miguel Ángel Gálvez dio un plazo de tres meses a la Fiscalía para profundizar en las investigaciones contra los sindicados y presentar una acusación formal.
En tanto, la Procuraduría General de la Nación busca anular el contrato que otorgó el usufructo a TCQ, por haberse firmado ilegalmente.
