POR KIMBERLY LÓPEZ
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Esta mañana asesores de la Procuraduría General de la Nación (PGN), dijeron que un proceso como el que se debe llevar por el Caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), filial de la Terminal de Contenedores de Barcelona (TCB), por medio del cual se busca la nulidad del contrato otorgado por la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ), costaría alrededor de Q80 millones en concepto de honorarios profesionales para algún bufete de abogados.
Ante ello, la titular de la PGN, María Eugenia Villagrán dijo que “primero, los bufetes contactados no nos han presentado cotizaciones, segundo, el Estado no tiene esa cantidad de dinero para el Caso TCQ, si se hace una contratación será con austeridad y se buscará que los honorarios se puedan pactar por resultados”.
Indicó que siguen en la búsqueda del abogado o el bufete de abogados que mejor pueda defender los intereses del país, pero que espera propuestas razonables con honorarios sujetos a precios de mercado.
Según el jefe de Abogacía de lo Contencioso Administrativo de la PGN, Víctor Hugo Mejicanos, un gasto de esta magnitud no podría ser costeado porque la institución tiene un déficit presupuestario, producto del recorte de Q 1 millón 500 mil mensuales, que realizó el Congreso.
La falta de recursos y de precedentes en un caso de este tipo son los principales obstáculos que frenan las acciones de la PGN frente a la ilegitimidad del contrato firmado entre la Portuaria Quetzal y la TCQ. A esto se suma el hecho de que una vez dada la orden presidencial de dar proceso a la nulidad del contrato, hay un plazo de tres meses para plantear una demanda frente al contrato oneroso.
Además de esto, otra limitante es que el país no ha enfrentado antes un proceso legal similar que le pueda dar precedentes para saber cómo actuar y con qué recursos.
Actualmente la Abogacía de lo Contencioso Administrativo de la PGN, cuenta con tres abogados y un jefe de área para atender alrededor 14 mil 500 casos activos.
Hasta ahora la PGN no tiene claro si se realizará un proceso por la vía civil o un trámite contencioso administrativo. Tampoco hay claridad de si habrá alguna intervención para la Terminal de Contenedores, ni quién podría ocupar este cargo.
Omar Barrios, asesor legal de PGN, indicó que en caso de que se proceda con una intervención, esta sería de tipo judicial y no para tener un control total sobre el proyecto. La idea sería que la estructura funcione, pero que exista un control de los ingresos. Agregó como sugerencia asignar este rol a una comisión interventora, integrada por profesionales de leyes, administradores de puertos y un experto en cuestiones financieras.
Finalmente, Mejicanos informó que para estimar cuáles son los verdaderos riesgos que se están jugando en este proceso legal, la PGN ya ha solicitado al Ministerio de Finanzas un estudio financiero. Sin embargo, aún no lo han recibido.
