La elección del abogado Roberto Molina Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad efectuada recientemente por el Congreso de la República significa un parteaguas en la situación política nacional y plantea un reto sustancial para el Presidente Arévalo.
Lo primero que quiero señalar es la coherencia del Presidente. El es un demócrata republicano “empedernido” y, como tal, respetuoso de la institucionalidad estatal y, por lo tanto, de la división de poderes. Por eso, ante una institucionalidad cooptada por las redes político criminales, él se planteó “recuperarla” dando la lucha en ese marco. Esta decisión fue incomprendida por quienes consideraban imposible hacerlo.
Dos años después, es decir a la mitad de su mandato, lo que se demuestra es que Arévalo tuvo éxitos importantes en esa estrategia, pero que ahora es el momento de reflexionar. Haber tomado posesión del cargo y resistir los reiterados esfuerzos golpistas (desde la institucionalidad cooptada) son claros logros de la estrategia presidencial. Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad es el lugar donde se concretan los triunfos o fracasos de la estrategia. Dada la judicialización de la política prevaleciente, es allí donde se definen las contradicciones políticas más relevantes. Y esa batalla la perdió el Presidente. Por lo tanto, justo es decir que la institucionalidad cooptada seguirá sustancialmente igual, aún en el caso que se eligiera un buen Fiscal General.
Y la razón de ese fracaso fue haber perdido el apoyo de dos aliados, el gobierno estadounidense y de importantes élites empresariales. Ambos se distanciaron en el momento oportuno, habiendo reaccionado ante el supuesto riesgo de que los sueños progresistas del Presidente Arévalo, ya sin la espada de Damocles sobre su cuello, afloraran y, eventualmente, afectaran sus intereses. Los gringos demandan un plegamiento pleno a su política exterior y la oligarquía nacional una incondicionalidad a sus intereses. Por eso hicieron valer toda su influencia para imponerle al Congreso la elección del abogado Molina Barreto. Su voto en la Corte de Constitucionalidad es definitorio para no correr riesgos ante cualquier “desvarío” progresista de Bernardo Arévalo.
Otro aliado del Presidente han sido las autoridades ancestrales de los pueblos indígenas. En los momentos críticos en los cuales las pretensiones golpistas ponían en riesgo severo la presidencia, dicho actor social ha estado siempre presente, a pesar de que el desempeño de los funcionarios de primer nivel del gobierno suele no cumplir con los compromisos que asume el Presidente. El Acuerdo Agrario es un claro ejemplo de ello.
Así las cosas, está claro que el único aliado confiable que tiene el Presidente son las autoridades ancestrales.
En virtud de todo lo anterior, es el momento de que el Presidente replantee su estrategia. Arévalo debe intentar dejar un legado acorde con sus ideales político ideológicos, un legado que lo haga recordar como un demócrata republicano que logró avanzar en el impulso de la democracia y la justicia social. Y este es el último momento que tiene para ello.
Debe designar a la jurista Carmela Curup como Magistrada titular de la Corte de Constitucionalidad, reconociendo sus cualidades profesionales y éticas. Esa corte es un órgano eminentemente político. No pueden estar los indígenas ausentes de la entidad del Estado encargada de resguardar el pacto social. Máxime ahora, que el gobierno norteamericano y las élites empresariales impusieron a Molina Barreto como el fiel de la balanza que la inclinará hacia la prevalencia de sus intereses, incluso confluyendo con los de las redes político criminales.
Pero además de esta decisión puntual, la gestión del gobierno debe ahora ser coherente con los intereses de los pobres y excluidos. Los aliados del Presidente, las autoridades ancestrales, en gran medida los representan. Bernardo Arévalo deberá asumir que la realización del bien común, fin supremo constitucional del Estado, debe expresarse en la priorización de los intereses de dichos sectores. Como ya alguien lo dijo, “por el bien de todos, primero los pobres”. Sin embargo, esto requiere un gobierno cohesionado, un gabinete presidencial leal a la voluntad política del Presidente.
Si el gobierno replantea su estrategia en el sentido sugerido, el apoyo ciudadano al Presidente, particularmente de los progresistas, debería ser irrestricto.
