Estamos viviendo situaciones que nos permiten comprobar, sin lugar a la menor duda, la condición de la justicia en Guatemala, puesto que mientras en el Ministerio Público se archivan las denuncias de posible lavado de dinero que involucran a Giammattei, Miguel Martínez y sus socios, en los tribunales, con una velocidad asombrosa, se dispone acceder a una solicitud de Jorge Serrano para que se cierre el caso en su contra por el Golpe de Estado que dio al disolver el Congreso y las Cortes para quedar como amo, señor y usufructuario del país en aquella recordada madrugada del 25 de mayo de 1993.
La velocidad del cierre del caso Serrano se puede comparar con la rapidísima acción en los tribunales para dictar todas las resoluciones que, en busca de otro intento de socavar la democracia, se dictaron a la carrera luego de la elección de 2023, cuando el Ministerio Público se propuso anular los comicios en los que ganó inesperadamente Bernardo Arévalo.
En el caso del lavado de dinero ya se hizo público que la Intendencia de Verificación Especial denunció movimientos irregulares tanto en las operaciones realizadas mediante compras en el IGSS como con el manejo fraudulento de los fondos que supuestamente se habían destinado a la cobertura de un seguro médico escolar que fue, obviamente, muy aplaudido por Joviel Acevedo y sus huestes en el magisterio. Y es que fue tanta la ganancia que acumularon los de la brillante idea que podían salpicar a medio mundo con tal de obtener respaldos y aparentar de que en realidad era un proyecto pensando en los estudiantes del sector público.
Viendo esas acciones, la de encubrimiento y la de perdón al golpista, se entiende cómo funciona nuestro sistema y por qué es que existe el interés para mantenerlo atado mediante designaciones para la conformación de entidades como la Corte de Constitucionalidad, que tiene la última palabra en la interpretación de nuestras normas con magistrados que han votado para favorecer a personajes tan descarados como el agente de los chinos en Guatemala que fue beneficiado por una resolución de esa alta corte.
Lo importante, sin embargo, es que los guatemaltecos tomemos conciencia de qué es lo que ocurre en nuestro país y por qué el afanoso esfuerzo que se ha hecho para colocar en puestos decisivos a quienes son elementos que han comprobado su disposición a manosear las leyes para beneficio personal y para garantía de impunidad a todos los que se enriquecen gracias a los vicios existentes. En ese marco se debe entender la futura elección del MP. La sociedad más comprometida debe encontrar las formas para fortalecer el Estado de Derecho.
Cuando se quiera llevar a la justicia a quienes planearon e intentaron el golpe contra la última elección general, sin duda esperarán que haya jueces como el que ahora beneficia a Serrano -con el mayor de los descaros- y que, en el peor de los casos, el asunto llegue a una CC que tendrá que mostrar si hay algo de Estado de Derecho o será una corte al servicio de quien utilice el sistema paralelo al que también accede el crimen organizado.
