El abogado Melikin Escobar Palma presentó un amparo ante la Corte de Constitucionalidad (CC) en contra de la Junta Directiva del Congreso con el fin de que se elijan a magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) sin medidas dilatorias similares a la de la designación de togados de la alta corte, en la que diputados oficialistas realizaron “discursos obstruccionistas”.
El profesional del derecho señala que existe una amenaza actual, grave e inminente de que la Junta Directiva del Congreso omita o impida que el pleno del Congreso elija a magistrados titulares y suplentes del TSE y con ello, se incumplan con los plazos establecidos en el artículo 123 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).
“Esta amenaza no es hipotética, ha sido constante en la historia del Congreso de la República la utilización de maniobras dilatorias para quebrantar el quorum, suspender sesiones o impedir la realización de designaciones y demás actos de trascendencia constitucional”, indica en el escrito.
A su vez, resalta que hubo una conducta omisiva por parte de la actual Junta Directiva, lo cual se manifestó en suspensiones indebidas de sesiones y tolerancia al “obstruccionismo”, configurando una amenaza real, y significó una amenaza real, actual y de efectos continuados.
De esta cuenta, el Tribunal Constitucional dio trámite al amparo presentado por Escobar Palma, por lo cual, requirió un informe circunstanciado a la Junta Directiva del Congreso, el cual aún no ha sido presentado, según el letrado.
ESTO SEÑALA
En el amparo presentado, Escobar Palma señala el 3 y 5 de marzo pasado, la Junta Directiva del Legislativo incurrió en una conducta omisiva e irregular, que consistió en la suspensión indebida de las sesiones plenarias y en la tolerancia de maniobras dilatorias, lo que impidió que el pleno sesionará válidamente y avanzara en la elección de magistrados.
Señala a la directiva del Congreso de permitir y tolerar suspensiones injustificadas, así como discursos obstruccionistas ajenos al punto único del orden del día, lo que configura una amenaza actual y reiterada que el pleno no pueda cumplir con los plazos que indica la LEPP.
“Esta conducta no es aislada, ha sido constante en la historia del Congreso de la República la utilización sistemática de maniobras para quebrantar el quórum, suspender sesiones o impedir designaciones de trascendencia constitucional, lo que genera una probabilidad manifiesta y real de que se repita en la sesión del 10 de marzo de 2026”, indicó.
De esta cuenta, subraya que se incumpliría inexorablemente el plazo descrito en el artículo 123 de la LEPP para que tomen posesión los nuevos magistrados, con lo cual existe una amenaza de que los actuales togados prolonguen funciones, o en su caso, se entorpezca la labor específica del Congreso.
Por ello, requiere que se suspenda de inmediato y de manera preventiva cualquier acto, resolución, omisión o conducta de la Junta Directiva o de diputados que pueda atentar contra el cumplimiento de los plazos para elegir magistrados.
También, requiere que se ordene la continuación ininterrumpida de las sesiones plenarias hasta que se declaren electos a los nuevos magistrados, además de prohibir cualquier actuación que tenga como resultado la prolongación de funciones de los actuales magistrados de la entidad electoral.
LA ELECCIÓN DE CC
El pasado 5 de marzo, los diputados oficialistas dilataron la elección de magistrado titular y suplente de la CC, en la cual resultaron electos Roberto Molina Barreta y Luis Rosales, respectivamente, al mantener discursos prolongados, en las que criticaron las resoluciones del togado.
También, se presentaron señalamientos entre diputados, que incluso llegaron a los empujones, cortes de energía eléctrica y negociaciones que prolongaron la sesión por más de 14 horas.
