La elección de la Corte de Constitucionalidad, el tribunal encargado de defender la Constitución, debería ser uno de los procesos más serios de nuestra vida institucional. Sin embargo, en los últimos días el debate se ha visto contaminado por rumores, presiones y desinformación. Vale la pena detenernos un momento para entender qué está pasando realmente.
El problema: lo hemos tocado ya muchas veces, pero es necesario volver a hablar de él. Las reformas constitucionales de 1993, tras el intento de golpe de Estado de Serrano Elías, nunca debieron haberse dado. Hoy nos tienen atrapados en problemas que tampoco deberíamos estar enfrentando.
Como ya lo hemos explicado, en un mismo período —bajo un mismo gobierno y un mismo Congreso— coinciden las elecciones del Organismo Judicial, el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, el Fiscal General y el rector de la Universidad de San Carlos. Esto no debería ser un problema si no fuera porque el rector también participa en las Comisiones de Postulación.
El resultado es una especie de ajedrez institucional: una elección jala a la otra y todo termina conectado. Confuso para muchos, pero muy claro para quienes no quieren soltar el poder que los protege.
¿Qué pasó? Todas las elecciones están en proceso, pero la de la Corte de Constitucionalidad terminó adelantándose a las demás. La Universidad de San Carlos ya eligió a su titular y suplente, y optó por más de lo mismo. El Colegio de Abogados también eligió a su titular y suplente, pero esta vez se inclinó por algo diferente.
Se sabía que la Corte Suprema de Justicia probablemente se iría también por más de lo mismo, pero comenzó a circular el rumor de que incluso podría elegir a doña Consuelo Porras para integrar la Corte de Constitucionalidad. Eso encendió las alarmas.
El Presidente de la República salió entonces con un comunicado y una conferencia de prensa en la que cuestionó el argumento de que la Embajada de los Estados Unidos estaba pidiendo el voto por dos personas que, según él, no son las más adecuadas. Entre ellas mencionó a la actual fiscal general, a quien calificó como una enemiga del sistema, recordando su papel durante el proceso electoral y desde el inicio de su gobierno.
La Embajada reaccionó casi de inmediato. A través de su funcionario de mayor rango actualmente en el país —el encargado de negocios— dejó claro que respetan las normas y los procesos internos de Guatemala, pero también señaló que no es aceptable que se elija a personas con vínculos cuestionables.
Todo esto generó una profunda preocupación. Muchos comenzaron a moverse para verificar si los rumores eran ciertos y, sobre todo, para evitar que una mentira terminara convirtiéndose en una verdad política. Al final, la Corte Suprema de Justicia no eligió a doña Consuelo, aunque terminó optando también por más de lo mismo.
El ambiente se volvió tan confuso y delicado que en el Congreso de la República se recurrió a tácticas parlamentarias para evitar que hubiera plenaria. Esto permitiría revisar la situación y tomar nuevas decisiones, algo que probablemente ocurra hoy mismo y que, cuando usted esté leyendo esta columna, tal vez ya se haya resuelto.
Porque si el Colegio de Abogados se inclinó por algo nuevo, y si se espera que el Presidente de la República también lo haga, mientras que la Universidad de San Carlos y el Organismo Judicial optaron por más de lo mismo, entonces la decisión del Congreso se convierte en la verdadera balanza. El magistrado o magistrada que elija podría marcar la diferencia.
No se vale que, a estas alturas, todavía estemos pensando en cómo manejar políticamente el tema, en lugar de reconocer que el Congreso de la República tiene la obligación —o si se quiere ver así, la oportunidad— de elegir a una persona con experiencia, con conocimiento de la administración de justicia, sin tachas y, sobre todo, con la objetividad necesaria para ejercer ese voto de balanza.
Un voto que permita que la Corte de Constitucionalidad cumpla su mandato: defender a la población frente a cualquier funcionario público que pretenda violar la Constitución o usarla para vulnerar los derechos individuales y colectivos que inspiraron a los constituyentes.
No olvidemos que la Constitución de 1985 puso por primera vez el énfasis en los derechos humanos antes que, en la organización del Estado, colocando a la persona la razón de la República.
En el ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana hay un análisis rápido de lo ocurrido el martes 3, y vuelvo a hacer el llamado a la conciencia, no sólo de quienes tienen la responsabilidad de elegir, sino también de todos nosotros, que debemos vigilar que las cosas se hagan correctamente, retomando los principios que inspiraron a aquella Asamblea Constituyente que prácticamente refundó el Estado en 1985.
¡Ya es hora! Es momento de tomarnos en serio este tema y no dejar únicamente en manos de funcionarios o de comisiones esta enorme responsabilidad, que demasiadas veces se ha convertido en una irresponsabilidad.
Pareciera que todavía no tenemos claro que los grandes problemas de esta nación sólo se han resuelto a través del diálogo y los acuerdos. Pero para que ese diálogo sea posible se necesita algo indispensable: transparencia, justamente lo que más faltó en estos días.
Que nos duela seguir viendo cómo no se logran acuerdos y cómo, además de la ya acostumbrada y dañina confrontación, ahora se utiliza la desinformación como instrumento de manipulación. Que ese dolor sea el motor para actuar, para involucrarnos, para exigir y trabajar por cambiar el destino de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
