La denuncia penal por la designación de Julia Marisol Rivera Aguilar como magistrada titular ante la Corte de Constitucionalidad (CC), ya tiene fiscalía dentro del Ministerio Público. La Oficina de Atención Permanente registró el 25 de febrero el expediente MP001-2026-9581 y lo remitió a la Fiscalía contra la Corrupción, la unidad dirigida por el fiscal Raúl Figueroa y cuyo subjefe es Jesús Gilberto Porres de Paz, esposo de la fiscal general María Consuelo Porras.
La investigación queda así bajo la órbita de una fiscalía subordinada a la estructura que encabeza Porras, en un caso que roza directamente a la cúpula de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) y a una magistratura clave de la Corte de Constitucionalidad. El expediente fue tipificado provisionalmente por los delitos de falsedad ideológica, tráfico de influencias y perjurio.
Escándalo en la Usac: Julia Rivera habría usado documentos fraudulentos en su designación a la CC
HABRÍA USADO DOCUMENTOS FRAUDULENTOS
La denuncia, presentada por el abogado Juan Carlos Oliveros Bethancourt, señala a Rivera Aguilar; al rector Walter Mazariegos; y al secretario general de la Usac, Luis Fernando Cordón. El escrito sostiene que la magistrada electa habría presentado una declaración jurada falsa al afirmar que no tenía impedimentos para optar a cargos públicos, pese a haber sido sancionada por la Junta de Disciplina Judicial.
La denuncia cuestiona además la constancia de docencia que Rivera incorporó a su expediente de postulación. En ella figura el código de empleado 2012-1789, con ingreso como profesora interina en diciembre de 2012. Sin embargo, según la denuncia, al verificar en el Sistema Integrado de Información Financiera (SIIF) el código vigente y correcto corresponde al 2024-0739, con registros únicamente a partir de 2024 y sin respaldo presupuestario anterior.
La ausencia de registros financieros durante más de una década es presentada, según la denuncia, como indicio de que la experiencia docente acreditada podría carecer de veracidad.
La denuncia agrega un elemento de conflicto de interés: Rivera estuvo casada con Cordón Lucero hasta mayo de 2024. Pese a ese vínculo, el secretario general no se excusó de participar en el proceso de designación ni de certificar actuaciones relacionadas con la sesión extraordinaria en la que el Consejo Superior Universitario la eligió. Tampoco lo hizo Mazariegos, quien en 2012 fungía como decano de la Facultad de Humanidades, año en que se habría emitido la constancia ahora cuestionada.
El escrito solicita diligencias inmediatas, incluidos allanamientos en la Rectoría y en la Facultad de Humanidades, para secuestrar registros físicos y digitales que permitan establecer si existió o no relación laboral previa a 2024. También pide determinar responsabilidades penales por la eventual validación de documentos presuntamente irregulares en un proceso que definió una magistratura para el período 2026-2031.
El caso se produce en un contexto de fuertes cuestionamientos al rectorado de Mazariegos y a la legitimidad del propio Consejo Superior Universitario, cuya mayoría —el 65%— tiene el mandato vencido. La elección de Rivera Aguilar se realizó en una sesión extraordinaria celebrada en Antigua Guatemala, en medio de protestas y con restricciones al acceso de la prensa.
¿RUPTURA DE UNA ALIANZA?
La denuncia también reabre un capítulo incómodo en la relación entre el rector Mazariegos y la fiscal Porras. Durante los últimos años, ambos fueron señalados por sectores estudiantiles y organizaciones civiles como parte de un mismo engranaje de poder. Sin embargo, esa sintonía mostró fisuras cuando Porras se postuló como candidata a magistrada ante la CC por el Consejo Superior Universitario de la Usac y no obtuvo un solo voto.
Mazariegos acumula múltiples denuncias en el MP por presuntas irregularidades en su llegada al cargo en 2022, proceso por el que fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Pese a ello, la Fiscalía no ha impulsado investigaciones que esclarezcan esos extremos. En cambio, abrió procesos penales contra estudiantes, docentes y miembros de la comunidad sancarlista que cuestionaron su elección, actuaciones que organizaciones internacionales han calificado como criminalización y represalia.
En ese contexto, la nueva denuncia por la designación de Rivera coloca de nuevo a ambos actores en una zona de fricción. El expediente quedó en manos de la Fiscalía contra la Corrupción, una unidad subordinada a la estructura que dirige Porras, mientras el CSU tiene previsto conocer esta tarde, a las seis, los detalles de la impugnación.
El pleno deberá decidir si mantiene la designación de Rivera Aguilar pese a los señalamientos sobre la presunta inexistencia de registros financieros que respalden su trayectoria docente. La resolución no será neutra: la propia impugnación advierte sobre posibles responsabilidades penales por incumplimiento de deberes para aquellos consejeros que, conociendo las inconsistencias documentales, opten por ratificar el nombramiento.
