En Guatemala, pocas imágenes son tan evocadoras como la de los barriletes de noviembre elevándose en el cielo. Quienes crecimos viéndolos sabemos que, en cierto momento, bastaba recoger unos metros de hilo y soltarlo de golpe para que perdieran estabilidad. A ese gesto le llamábamos “hacerle cola de mico”.
Hoy esa metáfora describe con precisión el momento que atraviesa la academia frente a su participación en los procesos de elección de segundo grado que definirán magistraturas en la Corte de Constitucionalidad, el Tribunal Supremo Electoral, la Contraloría General de Cuentas y otros espacios donde se decide el rumbo institucional del país.
Durante décadas, la sociedad confió en que las universidades —y en particular la Universidad de San Carlos— actuarían como reserva moral y técnica de la nación. No era un gesto simbólico: era la expectativa de que su voz serviría de contrapeso frente a intereses políticos y presiones coyunturales.
Hoy esa confianza está bajo tensión.
Las discusiones sobre nombramientos ya no se perciben como ejercicios rigurosos de evaluación académica, sino como escenarios donde pesan alianzas, cálculos y conveniencias. Lo que debería resolverse con criterios de mérito aparece rodeado de opacidad, silencios incómodos y decisiones difíciles de justificar.
Cuando la academia se acerca demasiado a la lógica de la negociación política, pierde la distancia crítica que le da legitimidad. Y cuando pierde esa distancia, pierde autoridad moral.
En un país marcado por la fragilidad institucional, las universidades no pueden darse el lujo de actuar como un actor más dentro del juego. Su responsabilidad es mayor precisamente porque su legitimidad descansa en la confianza pública.
La coyuntura de la Universidad de San Carlos y las tensiones en torno a los procesos de designación han colocado a la academia en el centro del debate nacional. Lo que está en juego no es únicamente la legalidad de procedimientos específicos, sino la credibilidad del sistema universitario en su conjunto.
La juventud observa. Y lo que observa deja huella. Si percibe opacidad, aprende desconfianza; si percibe cálculo político, aprende cinismo. El daño no es inmediato, pero es profundo.
La metáfora del barrilete vuelve a recordarnos algo esencial: la academia alcanzó altura porque la sociedad confió en su independencia. Pero cuando el hilo se desgasta por decisiones cuestionadas, la estabilidad deja de ser segura.
Surge entonces una pregunta inevitable: ¿tendrá que ser la Corte de Constitucionalidad la que termine corrigiendo decisiones académicas en procesos como la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral?
Si ello ocurre, no será motivo de alivio, sino señal de que la autorregulación falló. La autonomía universitaria no es un escudo frente al escrutinio; es un compromiso con estándares más altos.
El momento político del país no permite ambigüedades. Las elecciones de segundo grado definirán equilibrios fundamentales en el sistema de justicia y en la institucionalidad democrática. En ese escenario, cada decisión universitaria pesa.
Cualquier señal de que los criterios académicos ceden ante presiones debilita su papel histórico. La experiencia demuestra que las instituciones no pierden legitimidad de un día para otro; la pierden cuando pequeñas concesiones se vuelven normales.
Hoy las universidades enfrentan una decisión ineludible: reafirmar su independencia o aceptar que su voz se diluya en la lógica de la política contingente. No hay neutralidad posible cuando se decide sobre instituciones que sostienen la democracia.
La confianza social es un hilo delgado. Se fortalece con coherencia y se rompe con contradicciones. Cuando se rompe, reconstruirla exige años.
La hora de la verdad ha llegado. El barrilete sigue en el aire, pero el viento es incierto. Mantenerlo en altura exige transparencia, valentía y la voluntad de actuar con independencia real.
Porque cuando la academia cede, no solo pierde una institución: pierde el país una de sus últimas referencias de credibilidad.
Y esa es una responsabilidad que no admite excusas.
