Guatemala, en los últimos años ha vivido sumergida en actos de violencia y corrupción. La Embajada de los Estados Unidos, acreditada en el país, ha puesto en evidencia a la comisión de postulación para seleccionar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, donde cuestiona que universidades incluyeron en la nómina a aspirantes que tienen vínculos con narcos. Corresponde por ley al Congreso, depurar la nómina de postulantes, la devuelve a la comisión para seleccionar a los que mejor punteo obtuvieron.
Resulta cuestionable señalar que la denuncia no la hace cualquier sujeto, es nada menos que la embajada estadounidense. Uno de los postulantes que obtuvo el mejor punteo no se le incluyó en la nómina y promovió acciones contra la comisión y hace serios señalamientos del parcialismo de los comisionados que se han conjuntado con narcos, el crimen organizado y políticos para elegir a los magistrados del ente electoral.
Los diputados que por ley tienen que elegir a los funcionarios electorales, deben despojarse de cualquier simpatía personal e ideológica, ser verdaderos dignatarios del pueblo y no caer en ese desprestigio que por años ha contaminado al Organismo Legislativo, secuestrado por indignos dignatarios, que se han olvidado del juramento que hicieron al tomar posesión.
No hay que dejar pasar las acciones politiqueras y espurias del Ministerio Público, en las elecciones del 2023. La entidad investigadora trató de impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, fraguando un “supuesto golpe de Estado”, judicializando el evento donde jueces sin mayor escrúpulo, ética y dignidad, aplicaron la “ley del crimen organizado”, olvidando intencionalmente que los procesos electorales, se rigen por una ley, que tiene rango constitucional, con “primacía”.
Se denunció que, para la nominación de los aspirantes a las citadas magistraturas, no se aceptaron las tachas, ni se examinó la hoja de vida de los postulantes, cuestión que deviene de ser indigna y repugnante, y es ahora de los diputados, establecer la idoneidad, capacidad y “honradez” de los futuros magistrados del Tribunal Supremo Electoral. La nómina debe ser depurada. No hacerlo sería volver al pasado negro que ha tenido Guatemala en el correr de los años.
Se cree que los que fueron marginados y tenían el mejor récord en su hoja de vida, no se quedarán de brazos cruzados y se aprestan a promover acciones en la Corte de Constitucionalidad, para revertir la nómina de aspirantes y obligar a los comisionados a que hagan una revisión a fondo de manera objetiva y se incluya a los que mejor nota obtuvieron.
El proceso denominado segunda vuelta ha sido preocupación de todos los guatemaltecos y de la comunidad internacional, Guatemala es una república, democrática y digna. Se debe entender que en todos esos procesos que se quieran aceptar, tiene vínculos políticos por sus autores. Se debe actuar con transparencia, dignidad y honor en bien de Guatemala.
Todos los guatemaltecos debemos unirnos, ser observadores de lo que hagan los diputados, que no deben limitar el acceso a los comunicadores sociales y cumplir con el mandato que el pueblo les delegó para ser verdaderos mandatarios, y es ahora y no mañana que deben dignificarse y despojarse de cualquier ideología, como lo hemos dicho reiteradamente.
