Estamos publicando una noticia que viene a confirmar que el modelo de contrataciones del Estado está hecho para que operen los arreglos por encima de negocios que sirvan para beneficio de la población. Se trata de la concesión del parqueo de la Terminal Aérea La Aurora que ha permitido al concesionario embolsarse diariamente mucho dinero que pagan los automovilistas que estacionan allí sus vehículos, sin que la firma Constructores y Consultores Viales S. A. (COVISA) pague lo que le corresponde, al punto que adeuda más de 30 millones de quetzales según las autoridades.
Al fin, luego de varios meses de dormir el sueño de los justos en los tribunales, se ordenó la intervención del parqueo para que, en tanto se dirime la situación del contratista, sea administrado por las autoridades del aeropuerto La Aurora. Habíamos publicado en octubre del año pasado esa situación y desde 2022 se había accionado ante los tribunales por la falta de pago, pero no fue sino hasta esta semana que se resolvió decretar la “intervención” del parqueo construido con fondos públicos como parte de la Terminal Aérea, pero concesionado en el marco de nuestra famosa ley de compras y contrataciones.
Es de señalar que pasaron casi cuatro años sin que el sistema de justicia operara con la velocidad que muestran en casos que interesan a los operarios del sistema de corrupción del país, como son las absoluciones de muchos que se han hecho millonarios con dinero del pueblo y la persecución de quienes critican esos vicios tan claros y evidentes. Era evidente que había razones para decretar la intervención y, más que eso, la cancelación de la concesión, pero por alguna de esas “misteriosas” razones, el tribunal fue postergando el caso.
Diariamente son miles de vehículos los que se estacionan allí y por si ello no fuera suficiente dispusieron dar concesiones para instalar otro tipo de negocios que les dejaban ingresos adicionales a los contratistas. Pero siendo objetivos, este caso no es más que otra mancha más al tigre, pues a donde uno vuelva la vista puede encontrar vicios en prácticamente todas las operaciones que se hacen en el marco de esa asquerosa Ley de Compras y Contrataciones del Estado.
Es de suma importancia que los ciudadanos vayamos tomando conciencia de cómo opera el sistema. Por un lado hay una ley que alienta la mordida y la estafa a los contribuyentes con obras o bienes que no sirven para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos. Y se complementa con un sistema de justicia podrido hasta sus raíces que no mueve un dedo ni frente a casos tan documentados como el lavado de dinero producto de compras del IGSS que ha beneficiado no solo a Flamenco, sino a sus amigos Alejandro Giammattei y Miguelito.
En el caso del aeropuerto La Aurora, es necesario una ley especial que faculte a la administración de la DGAC para retomar el control de los espacios. Bien manejados y concesionados los servicios, arrendados los locales y bien adjudicada la publicidad del aeropuerto, se generan los fondos suficientes para mantener y mejor lo que sea necesario en la terminal aérea.
Salir de ese atolladero, en general es prioridad nacional y necesitamos un liderazgo que coordine a la población para movilizar a la sociedad con ese objetivo.
