POR: KATERIN CHUMIL
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El Ministerio Público imputó hoy a los once capturados por el Caso de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), tras una serie de sesiones judiciales en la audiencia de primera declaración llevadas a cabo en el Juzgado B de Mayor Riesgo, donde los protagonistas fueron el exmandatario Otto Pérez Molina y la exvicepresidente Roxana Baldetti.
En el cuarto día de audiencia de primera declaración, el Ministerio Público imputo a los integrantes de la estructura criminal capturados.
Pérez Molina y Baldetti fueron imputados por asociación ilícita, cohecho pasivo, lavado de dinero y fraude.
En el caso de Gustavo Adolfo Martínez Luna y Julio Rolando Sandoval Cano, los delitos imputados son asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Lázaro Noé Reyes Mata, Julio César Zamora Álvarez y Julio Norberto Esquivel Orellana son señalados de enriquecimiento ilícito.
Por otro lado, Juan José Suárez Messeguer enfrenta una imputación por asociación ilícita, cohecho activo y fraude; Jhonatan Harry Chévez por asociación ilícita y lavado de dinero; Mario Ruano San José por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito, y José Daniel Luna Argueta por cohecho pasivo.
Para sustentar estos señalamientos el Ministerio Público mostró ante el juez, una serie de documentos y pruebas, como el audio del colaborador eficaz en este caso, Juan Carlos Monzón quien fungía como secretario privado de la exvicepresidente Baldetti.
Así como el audio de tres testigos que colaboraron en esta investigación para conocer los detalles de cómo se fraguaba el dinero de las comisiones por la contratación de esta empresa en la portuaria Quetzal.
Entre los testigos del Ministerio Público se puede señalar a César Medina Farfán, quién señaló a Gustavo Alejos, ex secretario privado de Álvaro Colom, como una pieza importante de la negociación ilegal para el otorgamiento del usufructo a la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), por el cual enfrentan primera declaración el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti.
Así como también las conversaciones reproducidas en la que se escucha como el exinterventor de la Portuaria Quetzal, Allan Marroquín, se puso de acuerdo con el representante de TCQ, Juan José Suárez, para facilitar las gestiones que permitieran a la empresa iniciar operaciones.
El pasado 15 de abril, el MP y la CICIG revelaron que Pérez y su vicepresidenta, Roxana Baldetti, ambos en prisión, facilitaron la firma del usufructo de TCQ por 25 años prorrogables de forma irregular.
Según esa versión, a cambio los exfuncionarios recibieron una comisión de 30 millones de dólares.
Al cierre de esta edición, Pérez Molina empezaba a declarar.
