Hay temas que no pueden seguir esperando. El agua es uno de ellos. En un país con abundantes recursos hídricos, resulta paradójico que millones de personas no tengan acceso digno y seguro al consumo humano. No estamos frente a un problema de escasez natural, sino de gestión, distribución y responsabilidad institucional. Y ese debate ya no admite postergaciones.
El problema: La Constitución Política de la República establece con claridad la necesidad de regular el recurso hídrico mediante una ley específica. Sin embargo, pese a múltiples intentos, Guatemala sigue sin contar con una ley de aguas. Propuestas ha habido; voluntad para aprobarla, no la suficiente.
Guatemala es uno de los países con mayor disponibilidad de agua en el mundo. El problema no es la ausencia del recurso, sino que no llega a la población como debería. La mayoría de nuestras fuentes están contaminadas. Más que una crisis de escasez, enfrentamos una crisis de mala distribución, contaminación y uso ineficiente de un recurso que muchos siguen considerando renovable simplemente porque llueve —aunque cada vez llueve menos.
El agua debe servir para la industria, para el agro y, ante todo, para garantizar el derecho humano al consumo. Cuando falla su administración, falla el desarrollo. Pero cuál es el problema a quién pertenece el agua a quiénes reclaman que el agua que está dentro de su territorio le pertenece nuestros pueblos ancestrales, reclaman que el agua es de ellos y para el otro sector importante el agua es de quien la pueda sustraer y en la mayoría de los casos aunque saben de la necesidad de que la norma se reglamente en especial una ley que permita su mejor aprovechamiento dejen de hacerlo, nadie le quiere entrar al tema.
No se vale que el porcentaje de agua que se requiere para el consumo humano es relativamente bajo frente a otros usos. Aun así, no llega a todos como debería. En el episodio de ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana conversamos con Karin Slowing, experta en desarrollo humano y salud pública, actualmente al frente del Infom, institución llamada a brindar asistencia técnica y financiera a las municipalidades.
Desde la Constitución fortalecimos la autonomía municipal a través del situado constitucional. Luego ampliamos recursos por medio de los Consejos de Desarrollo. Incluso trasladamos impuestos como el IUSI. Sin embargo, la pregunta sigue siendo incómoda: ¿tienen las municipalidades la capacidad técnica y administrativa para gestionar esos recursos con eficiencia?
Los conflictos entre el Gobierno central y algunas municipalidades, agrupadas en la Anam, suelen girar en torno a esta discusión. Plantas de tratamiento que no existen, proyectos que no se formulan correctamente, recursos que no se ejecutan. Y si hablamos de basura o tránsito —temas que ya hemos abordado— el patrón se repite.
Fortalecer al Infom para que pueda brindar verdadera asistencia técnica no es un detalle menor: es una pieza clave para que las municipalidades puedan formular proyectos viables, aprobados por la Secretaría de Planificación, y convertirlos en obras reales. Sin capacidad técnica y legal, incluso el endeudamiento responsable se vuelve imposible.
Siempre vivimos en la encrucijada pensando a qué tema hay que entrarle primero ¿hay que darles dinero a las municipalidades? ¿hay que formarlas, capacitarlas y darles asistencia antes de darles dinero? o es realmente una responsabilidad del Estado como tal. Porque las municipales jamás van a tener los fondos suficientes para solucionar el problema. Al igual que muchos es un problema integral donde cada quien debe tener su propia responsabilidad, aceptarla y echarla a andar. Empecemos por aceptar que es mínimo lo que tenemos que regular.
Ya es hora de que, así como hemos hablado del tránsito, de la pérdida de La Antigua Guatemala y de la necesidad de fondos extraordinarios para impulsar el desarrollo rural, debemos asumir que el tema del agua es igualmente estructural. No es secundario. Es vital.
Tenemos un problema serio de infraestructura y arrastramos debilidades profundas en la administración pública, muchas vinculadas a años de corrupción e improvisación. Pero no lograr acuerdos básicos para garantizar una distribución equitativa del agua ya es más que preocupante: es inaceptable.
Que nos duela ver que tenemos agua por todas partes y no sabemos administrarla. Que nos incomode constatar que no hemos logrado garantizar algo tan elemental como el acceso universal a este recurso. Un país que aspira al desarrollo no puede fallar en lo básico. Pero ese dolor no basta, que no se quede en la queja. Se necesita gestión, capacidad técnica, decisiones responsables y voluntad política. El agua no puede seguir siendo excusa ni discurso: debe convertirse en prioridad nacional. Que ese malestar se convierta en motor para actuar, involucrarnos, exigir transparencia y fortalecer capacidades. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
