La cultura se manifiesta en la sociedad como un conjunto de prácticas normalizadas, acciones sociales que se arraigan en construcciones colectivas y se convierten en costumbres. Estas prácticas no solo se basan en creencias, sino que también las generan, forjando una identidad profunda. En esencia, lo que hacemos culturalmente nos define como individuos y como pueblos.
Aunque las prácticas culturales no producen bienes materiales directos, están íntimamente ligadas a las esferas económicas y políticas. Pensemos en una obra de arte como la Gioconda de Leonardo da Vinci o los murales mayas de Bonampak: su valor no radica en lo económico o político inmediato, sino en los sentimientos y creencias que evocan, construyendo identidades para quienes las crearon y para quienes las interpretamos hoy. Eso es la cultura: la capacidad de comprendernos a nosotros mismos y nuestro origen.
De manera similar, existe una «cultura del agua»: el conjunto de prácticas, concepciones, creencias, conocimientos y valores que una sociedad establece en torno a este elemento vital. En nuestra realidad actual, el agua se percibe principalmente como un recurso utilitario, un bien público que, erróneamente, se asocia con algo gratuito y abundante. Sin embargo, esta percepción distorsionada ha generado una relación de descuido: no la respetamos, no la cuidamos ni conocemos su origen ni su ciclo completo.
En Guatemala, somos en gran medida «analfabetos hídricos». Aunque el agua es cotidiana como el aire, la ausencia de una educación integral sobre sus fuentes regionales nos deja en la ignorancia. Por ejemplo, pocos habitantes de Quetzaltenango saben que su ciudad depende de un acuífero subterráneo ubicado bajo ella misma, con un 30% del suministro proveniente de San Juan Ostuncalco y aldeas cercanas. Esta desconexión se repite en municipios y ciudades del país.
Hemos contaminado nuestras fuentes hídricas de manera sistemática, no solo con desechos fecales, sino con contaminantes emergentes como residuos de medicamentos e insecticidas, difíciles de eliminar. En Guatemala, la falta de plantas de tratamiento agrava el problema: casi no existen infraestructuras para purificar el agua a escala nacional. Según datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) de 2023, el 40% de la población guatemalteca carece de conexión a una red de agua dentro de sus hogares, con un 50% entre la población indígena frente al 33% en no indígenas. Además, solo el 19% de los hogares reporta acceso ininterrumpido al agua las 24 horas del día. La mayoría no tiene realmente acceso a agua y nadie tiene agua potable.
Esto repercute en la salud: la Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que la tasa de mortalidad atribuida a servicios inseguros de agua, saneamiento e higiene es de 15,3 por cada 100,000 habitantes en Guatemala, más del doble que en otros países centroamericanos. Este acceso limitado contribuye a la desnutrición crónica infantil, que afecta a casi uno de cada dos niños menores de cinco años, una de las tasas más altas del mundo. Una deuda social que le debería dar vergüenza a los gobernantes que hemos tenido. A todos.
Nuestra cultura del agua es, en esencia, destructiva. El avance tecnológico en hidrología durante los últimos cincuenta años —como el bombeo mecánico de acuíferos— ha exacerbado el uso excesivo y el desperdicio. En países industrializados como Estados Unidos, el consumo per cápita alcanza unos 100 galones diarios, mientras que en Guatemala es aproximadamente la mitad, 50 galones. Sin embargo, el problema global radica en que hemos superado un punto de no retorno, lo que el informe de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH) de enero de 2026 denomina «quiebra global del agua» (Global Water Bankruptcy).
Este documento, publicado en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua de 2026, describe la quiebra como una condición de insolvencia e irreversibilidad: muchas cuencas y acuíferos ya no pueden retornar a sus estados históricos debido a la sobreexplotación, contaminación y cambio climático. Ese es el caso en Guatemala, donde mineras, agroindustriales y municipalidades han llevado a nuestros ecosistemas a una situación de no retorno.
El informe urge a «gestionar la quiebra» mediante una renegociación del «contrato con la naturaleza»: transformar la agricultura, repartir equitativamente un recurso menguante y proteger ecosistemas clave como acuíferos y humedales, con un enfoque en la equidad para comunidades vulnerables. En Guatemala, esta quiebra es palpable: zonas de recarga hídrica han sido invadidas por minería y monocultivos, sin sistemas de recuperación adecuados.
Por eso debemos cambiar nuestra cultura de agua, que de momento es una cultura destructiva, que en el discurso parece reconocer que el agua es casi sagrada, pero en la realidad no se disponen de sistemas de cuidado del agua, de tratamiento, de recuperación de las zonas de recarga hídrica. Ese es el reto. Cambiar la cultura del agua y debemos hacerlo ahora, porque si no es ahora, no será nunca.
