La Constitución de 1965, derogada tras el golpe de Estado de Ríos Montt en el 82, establecía que la máxima autoridad en el tema de las elecciones era el Director del Registro Electoral nombrado por el Presidente de la República. Su papel era decisivo tanto en la inscripción de partidos políticos o de candidatos como en la realización de los comicios. Las dos primeras elecciones bajo esa norma constitucional fueron libres y ello permitió la elección de Julio César Méndez Montenegro y Carlos Arana Osorio, ganadores en 1966 y 1970.
Pero a partir de allí el Registrador Electoral fue el encargado de ejecutar los fraudes electorales del 74 cuando “ganó” Laugerud, del 78 cuando resultó “electo” Lucas y del 82, en donde habían puesto como ganador a Aníbal Guevara, lo que provocó el alzamiento militar que llevó al poder a Ríos Montt, quien había sido despojado del triunfo en el 74.
Lo anterior viene a cuento porque es la razón por la que se dispuso crear la primera Comisión de Postulación para integrar un Tribunal Supremo Electoral, en donde no tuviera peso la decisión del gobernante de turno sino que fuera la Academia, representada por las Universidades y Colegios Profesionales, quienes propusieran a los aspirantes a convertirse en autoridad suprema en materia de elecciones. La idea surgió en el Consejo de Estado de Ríos Montt y fue recogida por la Constituyente que elaboró la actual Constitución, vigente desde 1985.
Parecía una decisión muy buena para arrebatar a políticos mafiosos el poder en materia electoral, pero el resultado ha sido patético en muchos sentidos. Lo vemos ahora con los propuestos para integrar el próximo Tribunal Supremo Electoral, ya que son producto de decisiones de Universidades creadas específicamente para tener facultades de derecho que les dieran poder en las postuladoras, y de una Universidad de San Carlos que mediante fraudes terminó siendo también cooptada por las mafias.
En aquellos años la Academia era respetada por un prestigio que supo mantener por muchos años y los constituyentes no se imaginaron que al crear la primera postuladora iban a corromperla tanto, al punto de que terminó siendo otro mecanismo más de los que no tienen vergüenza.
Es tiempo de que los guatemaltecos forcemos a las autoridades a terminar con esas postuladoras conformadas por universidades de garaje que no tienen ningún peso académico en realidad, pues fueron hechas única y exclusivamente para ejercer nefasto control en las postulaciones. Y tenemos que tener presente que, sea cual sea el mecanismo a crear, hay que estar atentos porque así como se crearon universidades fantasma van a surgir otros mecanismos para facilitar negocios malolientes y cooptación de la justicia.
Pero el primer paso tiene que ser el fin de las postuladoras que se evidencian como instrumento para asegurar fraudes, corrupción e impunidad.
