La suposición más importante de los corruptos es que son superiores al resto de los humanos. No se les mueve un músculo de la cara para colarse en las filas, como lo demostró la fiscal general en las recientes elecciones en el CANG, cuando a pesar de las protestas de los abogados que sí estaban haciendo la fila, ella no se inmutó. Lo de colarse no es un accidente, es la esencia de ellos. No les importa pretender que hicieron un doctorado, sabiendo que plagiaron el contenido de la tesis. Ni siquiera se enmudece al ser entrevistada sabiendo que ya tenía un plan para usurpar las elecciones del Colegio de Abogados y Notarios, CANG, haciendo un despliegue de fuerza innecesaria de naturaleza militar ante el silencio del Ministerio de Gobernación que mira a guardias cubiertos de sus rostros y no dice nada.
El ataque a las elecciones del CANG no solamente fue para generar miedo, sino también para generar «evidencia» de la que nos explicaba la abogada Patricia Gámez la semana pasada, esto es, evidencia para un caso en «reserva», porque los corruptos se consideran con la superioridad moral de no dar explicaciones de nada a nadie sino a sus patrones, los dueños de la finca. No entienden el concepto de transparencia. A lo que van en sus allanamientos es primariamente a hacer el show de que tienen «evidencia», pero realmente no tienen nada, todo lo inventarán, porque sus casos, todos, han sido falsos, como los montajes que le hicieron a Thelma Aldana, Juan Francisco Sandoval, Virginia Laparra, Miguel Ángel Gálvez, Jordán Rodas, Jose Rubén Zamora, etcétera y todos los pseudo casos contra Semilla, todos más falsos que un billete de 2 quetzales.
A eso le puso nombre y apellido la abogada Gámez: Terrorismo Judicial.
El movimiento ciudadano de octubre 2023 en contra de la fiscal general, para salvar a la democracia, liderado por los pueblos indígenas del occidente de Guatemala y con el apoyo de todo el país, dejó como resultado la captura de líderes como Héctor Chaclán y Luis Pacheco, entre otros, acusados de terroristas. ¡Imagínese usted! Los verdaderos terroristas son los que están acusando a ciudadanos guatemaltecos por defender la democracia. Si no mire el ridículo caso, Usac: Botín Político, donde hasta el presidente y su vicepresidenta fueron acusados, sin que siquiera participaran en las protestas por el fraude electoral en la Universidad de San Carlos, Usac.
A esos casos es a lo que la abogada Gámez se refiere que no cumplen el «debido proceso», porque el debido proceso parece que no lo estudiaron en las facultades de derecho donde dicen que estudiaron.
A estas alturas de un domingo 15 de febrero, 2026, mientras son las 11:30 de la noche, cuando escribo, hay un ambiente de ambivalencia sobre lo que va a suceder el lunes 16 de febrero en la sesión del Consejo Superior, CSU, de la Usac. El CSU convocó a sus consejeros a un hotel en la Antigua Guatemala, un hotel con puerta por la parte de atrás al Colegio Mayor Santo Tomás, que sí es una propiedad de la Universidad de San Carlos, donde hay un museo y una residencia y donde pudiera hacerse la sesión, si acaso se realiza.
A juzgar por el estatus legal del Consejo Superior, donde la gran mayoría de los consejeros tienen ya sus cargos vencidos y donde existe una orden de la Corte de Constitucionalidad para que se reemplacen esos puestos, estos consejeros con cargos vencidos no deberían votar. La situación es que, si se atreven a nombrar al magistrado titular y magistrado suplente ante la CC con estos consejeros, lo más seguro es que dicha elección sea impugnada.
Todo eso depende de la relación entre las promesas cumplidas y promesas incumplidas del pacto entre Porras y Mazariegos, si es que existe. Aunque las negociaciones de mayor trascendencia usualmente son mandadas por los dueños de la finca, los detalles de las negociaciones cotidianas las hacen los rufianes callejeros y en esa situación nos encontramos, donde a la fecha y a estas altas horas de la noche no se sabe si el actual rector le va a cumplir a la fiscal y si no cumple, cómo el MP ejecutará su poder coercitivo para asegurar que la fiscal sea electa en el CSU.
Esto que vivimos no solamente es la captura del Estado y de las instituciones estatales de parte de corruptos, sino también es el craso error de meter a las universidades en el combo de la politiquería barata. En ningún lugar del mundo las universidades, ni privadas y menos públicas, andan metidas en este enredo. En lugar de conocer las investigaciones científicas, tecnológicas y humanísticas que hacen las universidades, en lugar de promover programas pertinentes de educación superior, en lugar de mejorar la calidad académica del profesorado universitario, en lugar de esas y muchas más actividades académicas, aquí estamos discutiendo una novela de mal gusto. Eso debe cambiar.
Ya es el momento de rescatar la democracia. La vida nos da otra oportunidad más. No permitamos que la Universidad Nacional y Autónoma nuestra sea utilizada para obsequiar impunidad. Defendamos la democracia nuestra exigiendo al Consejo Superior de la Universidad de San Carlos que haga un análisis objetivo de las tachas que se han presentado ante candidatos que han sido señalados nacional e internacionalmente. Este ciclo vicioso de politización de la academia debemos cerrarlo. Hagámoslo, pero hagámoslo ahora porque si no es ahora, no será nunca.
