La actividad de ser columnista de un periódico escrito, digital, semanario, revista o cualquier otro medio, trae consigo la responsabilidad de expresar la verdad, aunque ésta sea incómoda para otras personas y genere controversia, animadversión, molestias, amenazas, intimidaciones, persecuciones legales y acoso entre otras conductas antisociales.
La Historia de Guatemala nos relata muchísimos episodios de venganzas políticas a través de medios oficiales, es decir, gubernamentales de turno en su época, represalias económicas hacia determinados grupos de la economía, sanciones legales como la disculpa pública o bien por medio de los procesos penales amañados tergiversando e irrespetando las leyes constitucionales, específicamente el contenido del artículo número 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
Lamentablemente, Guatemala ha sido un país donde cualquier discrepancia entre sectores económicos, comunidades educativas, grupos sociales, deportivos, religiosos, políticos, militares, gubernamentales y comerciales entre otros, que, por cualquier medio periodístico se hace del dominio público, ejerciendo el derecho constitucional, al no ser del agrado de los señalados desatan su ira de diferentes formas; algunas veces interviniendo con los diferentes organismos del Estado para cerrar los medios de comunicación o iniciar procesos penales, de femicidio o civiles contra reporteros, columnistas, analistas y otros comunicadores.
Ha sido común, durante los gobiernos de los últimos 40 años y desde antes, conocer la forma espuria de acusar a los periodistas quienes dicen la verdad, señalan a los ladrones dentro de la estructura gubernamental o a los cómplices agroindustriales, comerciantes, constructores y financieros quienes usualmente evaden de forma fraudulenta los castigos correspondientes por medio de la compra de voluntades de sus juzgadores legales, provocando como consecuencia en el imaginario nacional que la población ya no tenga la confianza y certeza que la justicia sea aplicada a quienes se lo merecen, sin atender a rangos sociales, económicos o políticos.
Algunas veces, la filtración de datos e imágenes supuestamente confidenciales, si abren legítimos cuestionamientos de interés periodístico o social sobre sus relaciones políticas o círculos profesionales más cercanos que bien ameritaron o ameritarían aclaraciones públicas y reconsideraciones personales, aunque al final tengan un resultado mediático.
Un ejemplo de lo anteriormente descrito consistió en cuando fueron descubiertos por informaciones periodísticas, los casos del saqueo al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, la compra de las vacunas rusas contra el Covid, la extracción ilegal de mármol en la Sierra de las Minas, el caso del Insivumeh, las denuncias de extracción ilegal de madera en Petén y otros tantos más que significaron la persecución de los periodistas autores de dichas publicaciones.
Es cierto que en algunos casos existen abusos y falta de profesionalismo en algunos periodistas, incluyo a reporteros, camarógrafos, columnistas, analistas, redactores y editorialistas; pero sin el afán de justificarlos debe entenderse el ánimo de conseguir la noticia o hacer valer su criterio personal en su trabajo. Lo anterior, aparte que genera confusión pone de manifiesto su formación educativa personal y la adquirida como experiencia en el desarrollo de su trabajo.
Aún así, la sociedad seguirá informándose del acontecer nacional e internacional, pese a los riesgos ya enumerados.
