El 1 de abril comenzará la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal, que forma parte de las atribuciones del decreto 11-2025 —Ley Antipandillas—, con capacidad para albergar a cerca de 2 mil privados de libertad y busca cortar la línea de mando de estructuras criminales que operan desde prisión.
El ministro de la Defensa, Henry Sáenz, confirmó durante una citación en el Congreso con diputados del partido Cabal que el proyecto ya se encuentra en fase analítica y técnica avanzada, lo que permite proyectar el inicio formal de la obra en esa fecha.
“Ya está en el analítico, ya está trabajado de tal manera que podemos proyectar que el 1 de abril podemos estar colocando la primera piedra para este proyecto. Son Q500 millones”, indicó Sáenz.
El titular de la Defensa explicó que el diseño del centro penitenciario se ha trabajado por más de un año y ha sido presentado a distintas autoridades, incluyendo el Ministerio de Gobernación (Mingob), como parte de la estrategia integral de seguridad del Ejecutivo.
CONSTRUCCIÓN POR EL EJÉRCITO
La construcción estará a cargo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, entidad que asumirá la ejecución del proyecto con financiamiento ya asignado por Q500 millones.
Según lo expuesto por Sáenz, los planos han sido avalados por especialistas nacionales e internacionales y contemplan estándares de alta seguridad, control estricto y un régimen diferenciado para el cumplimiento de penas.
El objetivo es crear un recinto diseñado para internos de alta peligrosidad, con infraestructura que limite comunicaciones ilícitas y refuerce el aislamiento de líderes de estructuras criminales.
La construcción del penal se enmarca dentro de las medidas contempladas en la denominada Ley para el Combate Frontal de las Maras o Pandillas, normativa que fortalece las facultades del Estado para enfrentar estructuras criminales catalogadas como terroristas.
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ANÁLISIS DE USO DE LEY PARA COMPRAS
El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, informó que la cartera se encuentra en fase de análisis para ejecutar la compra de armamento y equipo táctico destinado a la Policía Nacional Civil (PNC) y al Sistema Penitenciario (SP), utilizando los Q200 millones autorizados por la Ley Antipandillas.
Según explicó el funcionario, actualmente se realizan evaluaciones técnicas para determinar las necesidades específicas de cada institución antes de iniciar los procesos de adquisición.
“Tenemos que determinar qué necesita la Policía, qué necesita exactamente el Sistema Penitenciario, hacer una consolidación y verificar qué nos pueden vender ciertos países”, agregó.
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