El viceministro de Transporte, Fernando Suriano, y el jefe de la Dirección General de Protección Vial (Provial), Brigadier Wilmer Galdámez, actualizaron el número de unidades de transporte pesado que ha instalado controladores de velocidad.
A partir del 2 de marzo, las unidades de transporte que superen las 3.5 toneladas de peso deberán contar con ese dispositivo, con tal de reducir accidentes de tránsito, según el acuerdo ministerial 69-2026.
No obstante, algunos transportistas han anunciado acciones para evitar la obligatoriedad del mismo.
Suriano respondió que ha tenido reuniones con transportistas donde se explicó que la medida está incluida en una ley de 2016, a la cual se le hizo una reforma un año después, a la cual se le hizo un acuerdo gubernativo en 2019, por lo que es una obligatoriedad por ley.
El director de Provial informó que más de 11 mil 400 vehículos que han «sido limitados» y se espera que esta semana se sumen más empresas para que sumen 135 compañías que serán las que «estén limitando».
«Hacemos el llamado a toda empresa o persona que quiera ser implementadora de estos dispositivos, se puedan acercar a la Dirección para facilitarle los medios para que puedan autorizar como implementadora», agregó Galdámez.
AUTOBUSES Y SANCIONES
Asimismo, el viceministro Suriano recordó las sanciones por no contar con esos dispositivos, van desde los cinco salarios mínimos hasta la suspensión de la licencia de conducir, e hizo referencia al número de fallecidos en unidades de transporte por exceso de velocidad y accidentes.
«Creo que es un trabajo en conjunto, entre la parte pública y privada. Agradezco a aquellos líderes de transporte que han venido trabajando ese proceso, los propietarios de vehículos que han venido implementando para poder hacer las adecuaciones», agregó Suriano.
El viceministro enfatizó que más del 60 por ciento de vehículos son de los últimos 26 años, por lo que se deben hacer modificaciones tecnológicas, por lo que se tienen que tomar acciones como país, y no solo del Organismo Ejecutivo.
Ante posibles acciones legales, el viceministro mencionó que ha tenido comunicación con diferentes diputados para cumplir la ley, pues comprenden la situación y se ha conversado con gremiales de transporte.
Respecto si hay disponibilidad en el mercado de los dispositivos ordenados, el viceministro comentó que la ley ordena a privados a prestar servicios, a la administración (Ministerio) llevar los registros de certificar las empresas.
Galdámez detalló que más de nueve mil vehículos son de transporte pesado, y más de 450 de transporte colectivo.
