A 23 días de los ataques del Barrio 18, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, afirma que los ataques coordinados contra agentes policiales fueron una respuesta «sintomática» al retomar el control de los presidios y «someter» la estructura liderada por alias el «Lobo».
Pese a las declaraciones originales sobre la posible participación de fuerzas políticas o sectores, dijo: “No puedo dar una explicación o arribar a una conclusión en concreto, porque todavía no tengo la evidencia que respalde alguna conclusión o señalamiento que pudiera ir en contra de algún sector [político]”.
En una entrevista con La Hora, el funcionario afirmó también que el control penitenciario ha permitido reducir homicidios en un 20% y extorsiones a sus niveles más bajos en cuatro años. El funcionario también cuestionó, en la conversación con este medio, la operatividad de la llamada ley antipandillas y propone reformar la Ley de Aceptación de Cargos para evitar impunidad.
El ministro de la cartera del Interior aseguró que hasta ahora no ha recibido amenazas de muerte producto de sus acciones de combate al crimen organizado y que pese al alto riesgo que representa «someter al imperio de la ley» a las pandillas, no piensa dar marcha atrás.
«Esto no es la lucha de un partido político, no es la lucha de un gobierno en específico, es una lucha de que tener éxito va a trascender en una mejora de las condiciones de vida de las futuras generaciones», puntualizó.
CONTROL DE CÁRCELES ES PRIMERO
Al abordar consultas sobre la estrategia de seguridad ciudadana y cómo tener resultamos más rápido, el funcionario aseguró que la prioridad es el sistema penitenciario.
«Cuando el presidente Arévalo anunció mi nombramiento como ministro de Gobernación, yo dije algo que sostengo aún el día de hoy. No es posible generar una estrategia de seguridad en las calles si antes no se controlan a los centros penitenciarios», expresó de manera seria al ser consultado sobre los procesos aplicados en las cárceles.
Villeda Sandoval agregó que este tipo de enfoque ha permitido una baja en delitos como homicidios y extorsiones, según la tendencia de las estadísticas en enero de 2026 comparada con el mismo mes de 2025, «llegando a días donde no ha ocurrido ningún homicidio», lo cual atribuye al corte de comunicación entre reos y miembros de pandillas fuera de las cárceles.
La Plataforma para la Comunicación de Datos Estadísticos de la Incidencia Criminal (Pladeic), del Ministerio de Gobernación, registró en enero de este año un total de 1 mil 721 extorsiones, la cifra más baja comparada con el mismo mes de los últimos cuatro años.
A partir de 2022, las extorsiones tuvieron una tendencia creciente hasta 2025, cuando llegó a 2 mil 472 casos, según la Pladeic.
Mientras tanto, los homicidios bajaron en cerca del 20%, al pasar de 252 en enero de 2025 a 204 en 2026, de acuerdo con la misma fuente.
«No estoy diciendo que con esto la violencia homicida ha desaparecido, lo que estoy diciendo es que la hemos logrado controlar», aseguró el ministro de Gobernación.
MEJORAR LAS LEYES
El ministro, que previo a ese cargo se desempeñó como juez, también se refirió a la aplicación de legislaciones contra los integrantes de estructuras criminales, como la reciente ley antipandillas y la polémica Ley de Aceptación de Cargos.
Respecto de la primera, aseguró que no le encuentra beneficio para su cartera o para el combate real contra las maras en las calles.
Afirmó que una de las «ventajas» de la ley es que permite la compra directa de equipos a otros países, la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Izabal y el aumento de penas por ciertos delitos vinculados al crimen organizado.
«En términos generales, seguimos con el mismo procedimiento que ya veníamos utilizando anteriormente», agregó en cuanto a la falta de beneficios en temas operativos tanto en las calles como en las cárceles.
Además, el ministro apuntó a una característica que se ha vuelto una constante en temas de penas para «terroristas» y es el abuso que se da con la aceptación de cargos, al establecerse acuerdos y la posible coacción que hay entre jueces y sindicados, sin tomar en cuenta al Ministerio Público para determinar la pena por cumplir.
«Creo que sí debería de haber un consenso o una reforma en el sentido de que el Ministerio Público, tiene que dar su consentimiento para que se le pueda aplicar a una persona la ley (…) porque no puede servir como un mecanismo de coacción para que una persona acepte los cargos aun cuando y no haya evidencia suficiente con respecto a su culpabilidad», agregó.
UN PAGO CON SANGRE
Pese a la búsqueda de la seguridad del país, Villeda Sandoval expresó que el Gobierno «ha pagado con sangre», producto de esta nueva política de no negociar con los grupos terroristas, con la muerte de 11 agentes de la PNC producto de estos hechos armados que marcaron al personal policial y a la ciudadanía.
«No es fácil para nadie entregarle el cuerpo de un hijo a una madre, sobre todo cuando ha fallecido de una manera como en la que sucedió, una forma tan cobarde, tan vil, pero eso nos ha servido de fortaleza para continuar en esta lucha», expresó cambiando su tono de voz.
Finalmente, Villeda Sandoval, remarcó que en honra a estos agentes, las familias han recibido un acompañamiento constante en su duelo, tanto durante la entrega de sus cuerpos para el sepelio como de manera económica, asegurando que «comparten su dolor».
