Autor: Luis Carlos Chávez Morales
X: @mluiscarlosgt
TikTok: @mluiscarlosgt
Instagram: @mluiscarlosgt
Facebook: @mluiscarlosgt
Editorial: youngfortransparency@gmail.com
Antes de entrar en materia, es importante recordar quiénes integran el sistema de elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad. La designación se distribuye entre distintas instituciones del Estado, sectores académicos y profesionales, de la siguiente manera:
- Dos magistrados electos por el Presidente de la República en “Consejo de Ministros”.
- Dos magistrados electos por el Congreso de la República, es decir, por quienes se autodenominan “representantes del pueblo”.
- Dos magistrados electos por la Corte Suprema de Justicia, tradicionalmente vista como “garante de los derechos y la legalidad”.
- Dos magistrados electos por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el gremio que idealmente representa a los “profesionales éticos” del derecho.
- Dos magistrados electos por el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala, órgano que encarna la “representación estudiantil y el gobierno universitario”.
La elección para el periodo 2026–2031 exhibe, una vez más, las grietas de un modelo que nació para garantizar equilibrio, pero que en la práctica ha permitido a cada órgano elector operar bajo sus propios intereses y con márgenes amplios de discrecionalidad. La Constitución establece que cinco instituciones eligen a quienes interpretarán el orden constitucional; sin embargo, la forma en que cada una ejerce esa atribución revela un patrón constante: procesos cerrados, mecanismos poco auditables y una cultura institucional habituada al favoritismo.
Presidente en Consejo de Ministros
El proceso del Ejecutivo para elegir a sus magistrados, lejos de tener fechas publicadas, sigue siendo uno de los más cerrados y poco claros para la ciudadanía. Aunque se abre la convocatoria y se reciben expedientes, todo se analiza únicamente dentro del equipo legal del Presidente, sin criterios visibles ni explicaciones sobre cómo se toma la decisión. No existen audiencias públicas ni obligación de justificar por qué un candidato es preferido sobre otro, y aunque algunos gobiernos hablan de transparencia, la población nunca sabe realmente cómo se llegó al nombramiento.
En la práctica, es un proceso vertical donde el Presidente y su gabinete eligen sin rendir cuentas reales, a pesar de que la persona designada podrá revisar decisiones del mismo Ejecutivo. Al estar construido como un mecanismo cerrado y sin controles externos, predomina la idea de que pesan más las relaciones cercanas que la preparación profesional. Por eso, para muchos ciudadanos, esta elección se siente hecha “entre pocos y para pocos”, lo que dificulta confiar en un sistema que exige credibilidad, pero no muestra sus propios pasos.
Congreso de la República
La elección realizada por el Congreso sigue siendo un proceso dominado por negociaciones internas. Los diputados deben elegir magistrados mientras enfrentan amparos y retrasos que ya parecen parte natural del procedimiento, lo que evidencia la ausencia de reglas claras y la facilidad con que intereses particulares influyen en la decisión. Las discusiones se llevan a cabo a puerta cerrada y sin mecanismos que obliguen a explicar por qué se respalda a ciertos candidatos, pues muchos buscan perfiles que luego protejan sus decisiones políticas o decretos alejados de las necesidades reales de la población.
Además, esta elección ocurre paralelamente a otros procesos judiciales y políticos, lo que aumenta el riesgo de que se use para asegurar cuotas de poder, en lugar de garantizar la independencia judicial. El Congreso permanece como símbolo de acuerdos invisibles: decisiones rápidas, sin claridad, sin explicaciones y, desde hace años, votaciones nocturnas en sesiones extraordinarias cuando el país duerme. Por eso muchos ya no esperan transparencia, porque la forma de actuar del Congreso parece inalterable, aunque cambien los diputados.
Corte Suprema de Justicia
En el Organismo Judicial, el problema no es solo que no existan criterios públicos para elegir a sus magistrados. Hay un conflicto más profundo: la Corte Suprema de Justicia elige a personas que, más adelante, pueden revisar y cuestionar sus propias decisiones. Esto provoca que quienes integran la Corte prefieran escoger perfiles que mantengan la misma línea y eviten cambios, antes que buscar independencia o nuevas ideas dentro del sistema.
Los magistrados suelen elegir a personas que piensen como ellos, algo que justifican diciendo que así “mantienen la interpretación del derecho”. Pero en realidad esto impide que entren voces distintas y limita la renovación del sistema judicial. Como hay muy poca transparencia y casi ningún mecanismo para que la ciudadanía conozca por qué se elige a unos candidatos y no a otros, el proceso termina atrapado entre la autoprotección de la institución y la falta de controles externos.
Al verlo desde afuera, esta elección parece un círculo cerrado: la justicia elige a quienes la mantendrán igual. Es difícil confiar en un sistema que debería ser el más justo y ejemplar, cuando sus propios procedimientos no son claros.
Colegio de Abogados y Notarios (CANG)
El CANG es uno de los espacios más complejos y disputados en la elección de magistrados constitucionales. Dentro del gremio conviven grupos profesionales, corrientes internas y figuras con gran influencia en el ámbito jurídico, lo que convierte este proceso en una especie de “política paralela”, muy similar a las campañas tradicionales del país. Para 2026, varias figuras conocidas mostraron interés en participar, reflejando lo valioso que resulta este puesto para distintos sectores. Muchas campañas se desarrollan en hoteles, reuniones privadas y cenas elegantes en donde se promete renovación, pero una vez en el poder, los candidatos suelen olvidar a la base gremial que dicen representar.
En vez de funcionar como un espacio técnico que garantice una selección justa, el CANG termina replicando sus propias pugnas internas, sin mecanismos reales para que la ciudadanía supervise el proceso o conozca por qué ciertos candidatos son considerados idóneos.
Para quienes estudian o aspiran a ejercer el derecho, estas disputas resultan desmotivadoras. El CANG se percibe como un tablero de rivalidades donde pesan más las alianzas que la ética profesional. Es difícil imaginar un sistema de justicia más sólido cuando el gremio llamado a dar el ejemplo reproduce exactamente las mismas prácticas que tanto dañan la política nacional.
Consejo Superior Universitario (CSU)
El CSU, que debería representar la voz académica del país, también enfrenta tensiones internas que condicionan sus decisiones. Las disputas entre grupos universitarios, la politización de su gobernanza y la falta de criterios claros, hacen que su designación sea una extensión de las luchas por el control de la universidad. Aunque debe cumplir los mismos plazos que los demás órganos, no existen lineamientos públicos sobre cómo evalúan la trayectoria, la independencia o el mérito académico de los candidatos. Así, la magistratura termina siendo un instrumento de influencia institucional, donde pesan más las alianzas internas que una representación académica imparcial, con perfiles que destacan más por su presencia en el aula que por ejercer la ley con rigor. No es casual que este órgano sea, para muchos electores, uno de los más cuestionados.
Los y las estudiantes que pertenecen a esta casa de estudios, están cansados de ver cómo la academia se usa como plataforma de poder y no de mérito. La Usac debería ser ejemplo de claridad, pero se siente atrapada en peleas internas que los dejan fuera del proceso. ¿Cómo confiar si ni siquiera en la universidad se garantiza transparencia?
Para finalizar, es necesario subrayar que el problema en la integración de la Corte de Constitucionalidad no reside únicamente en los actores involucrados, sino en el diseño mismo del sistema. Cada órgano elector decide bajo sus propios criterios, sin estándares comunes, sin auditoría pública efectiva y con incentivos que favorecen a candidatos funcionales a sus intereses. La legitimidad de la Corte termina dependiendo no solo de su jurisprudencia, sino de la percepción de independencia que pueda transmitir en un entorno donde la transparencia sigue siendo la excepción.
Lo más preocupante es que, en cada una de las cinco postuladoras, reaparecen perfiles cargados de controversias públicas, cuestionamientos éticos y antecedentes que dividen a la ciudadanía. Muchas candidaturas generan ruido porque encarnan los mismos patrones que la población –especialmente los jóvenes– desea superar: disputas gremiales, conflictos académicos, tensiones dentro del sistema judicial y protagonismos políticos que reabren heridas institucionales en lugar de aportar confianza.
Ante este escenario, la reflexión resulta inevitable: si las postuladoras continúan habilitando la participación de perfiles que generan más sombra que luz, ¿cómo esperar una Corte que realmente inspire credibilidad? Este momento exige que la ciudadanía, y en particular la juventud, cuestione no solo a los aspirantes, sino también los métodos que permiten que los mismos rostros polémicos regresen una y otra vez al centro de las decisiones más importantes del país.
