La fotografía de la fiscal general Consuelo Porras llegando a la rectoría de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC) el 6 de febrero de 2026 para entregar su papelería como candidata a magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), en representación del Consejo Superior Universitario (CSU), no es solo un descaro: es una ofensa flagrante a la historia y el legado de nuestra Universidad Nacional. Llega como un usurero a cobrar favores ilícitos, respaldada por un CSU donde al menos 29 de sus 41 miembros tienen cargos vencidos, usurpando funciones y participando en la elección de altas cortes a pesar de las advertencias de paneles internacionales sobre la invalidez de sus decisiones y de la misma CC. Esto no es un incidente aislado en Guatemala; es parte de un fenómeno global que erosiona la democracia desde sus cimientos en todo el mundo.
Recientemente, la visita del presidente salvadoreño Nayib Bukele a Costa Rica en enero de 2026 para colocar la primera piedra de una mega cárcel inspirada en su modelo represivo del CECOT, irrumpe en la campaña electoral costarricense y pone en jaque la tradición democrática de ese país. Paralelamente, en Estados Unidos, las redadas masivas de ICE en Minneapolis durante enero de 2026, con el despliegue de hasta 2,000 agentes federales arrestando a miles de inmigrantes –incluyendo acusados de crímenes graves–, no solo ataca a migrantes, sino que despierta a ciudadanos a una realidad autocrática disfrazada de democracia.
Estos incidentes ilustran cómo la democracia se captura a niveles micro y macro: en Rusia, es una autocracia abierta; en China, el Partido Comunista dicta todo sin fingir elecciones. Pero en nuestro sur, en este país de oportunidades perdidas, la autocracia se funde con la cleptocracia, vendiéndonos un remedo ridículo de democracia.
En Guatemala, tras años de cooptación, elegimos a Bernardo Arévalo como presidente democrático, pero sus actos diplomáticos contrastan con su inacción ante la captura de aliados y defensores de la democracia. Arévalo ha denunciado públicamente intentos de golpe de Estado por parte de la fiscal general Porras y jueces como Fredy Orellana, acusándolos de corromper procesos electorales y judiciales. Sin embargo, ve cómo atacan a periodistas, exilian a fiscales anticorrupción y capturan instituciones clave, mientras él y la vicepresidenta Karin Herrera permanecen impasibles, pintando un paisaje democrático inexistente.
Y ahora, para ponerle el último clavo al ataúd, no quiere nombrar directamente a sus representantes ante la CC, como le exige la ley, sino que abrirá un proceso de consulta confundiendo democracia con ingenuidad en el mejor de los casos o con estupidez en el peor. ¡Vaya concepción de democracia la del presidente!
Críticas a su gobierno señalan que el Ministerio Público (MP), bajo Porras, imputa delitos menores a detenidos en casos de violencia, repartiendo impunidad en lugar de justicia, ante lo que han sido realmente indiferentes Arévalo y Herrera. Esta indiferencia –o incapacidad– permite que la captura avance, empezando por las universidades, especialmente la USAC, ahora epicentro de la cooptación estatal.
Ni el presidente, ni la vicepresidenta, ni la ministra de Educación intervienen en la educación superior pública. Solo unos pocos diputados han defendido la autonomía universitaria verdadera, exigiendo que el CSU, con sus puestos vencidos, no elija magistrados. Figuras controvertidas, como rectores evangélicos que dirigen comisiones de postulación pese a conflictos de interés y acusaciones de racismo sistemático, agravan el problema. Mientras las universidades juegan a la politiquería barata y mantienen estructuras elitistas de baja calidad académica, con investigación casi nula, no avanzaremos.
A esto hay que agregar todo el ataque hecho contra la Resistencia Universitaria, donde profesores y estudiantes fueron sometidos a casos falsos por oponerse al fraude electoral en la rectoría. Aquí asustaron a todos porque dieron la advertencia de que quien se meta a defender la democracia en la USAC, sería encarcelado, no digamos procesado. Este fue el contubernio entre la USAC y el MP que permitió que el sistema de justicia no hiciera nada ante la captura de la USAC. La recuperación de la USAC es muy importante.
¿Por qué esto importa? Porque las universidades forman maestros, pero sin investigación en aprendizaje, sin desarrollo de ciencia y tecnología, sin metodologías innovadoras para enseñar matemáticas o lectoescritura crítica, nuestros niños quedan rezagados. Sin esto, Guatemala no construirá la Industria 2.0, no habrá empresas capaces de competir en el Siglo XXI, ni se liberará de mercenarios que capturan el sistema de justicia, el MP, ministerios como Comunicaciones, el Congreso y, principalmente, la otrora autónoma USAC.
Es hora de actuar: exijamos elecciones inmediatas en el CSU, reformas educativas que prioricen investigación y autonomía real. Junto a eso hay que plantear la urgencia de crear un sistema de educación pública superior, ya no podemos seguir con una sola universidad pública para un país tan diverso. Y principalmente, saquemos la politiquería de la vida universitaria. Lo que pasa en la Universidad de San Carlos es un problema de todos, debemos actuar porque si no es ahora, no será nunca.
