Les he llamado “huerfanitos” pero de manera cariñosa, solidaria y no con tono peyorativo. Ellos son profesionales afines al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), nuestros socios, nuestros fratellos. Por vueltas del destino se quedaron en el aire y tuvieron que pedir posada al citado Colegio porque no tenían otra alternativa.
La obligación de incorporarse a un colegio profesional, herencia de los gremios medievales, se plasmó en el artículo 90 de la Constitución Política. El mandato aplica a todos los profesionales, ¡a todos!, incluyendo a las nuevas disciplinas. Ahora bien, un colegio profesional es una estructura compleja; requiere oficinas, empleados, equipos, cuentas bancarias, control de agremiados, seguimiento de cuotas, programas de “superación moral, científica, técnica y material de las profesiones universitarias” (artículo 90 CPRG), planes de seguros y de jubilaciones, etc. Un andamiaje de ese calibre necesita de muchos contribuyentes, por eso, con buen criterio, la Ley de Colegiación Obligatoria exige un mínimo de 500 miembros, entre otros requisitos y formalidades. ¡Cáspita! ¿Qué pasa con los profesionales de ciertas ramas especializadas con pocos egresados? Antropólogos, arqueólogos, sociólogos, politicólogos, etnólogos, nutricionistas, bioquímicos, ingenieros en sistemas (especialmente expertos en IA), historiadores, psicólogos forenses, etc. hasta que sumen 500 pueden empezar el trámite de formar un nuevo colegio.
Cabe destacar que conforme avanza el desarrollo humano se van generando nuevas especialidades; en otras palabras, quedó atrás el mundo simplista de abogados, médicos, ingenieros civiles. Pero, ya no. Las nuevas disciplinas se fusionan con colegios existentes o bien se acogen a su organización. Los zootecnistas se fusionaron con los veterinarios. Los psicólogos se escindieron de humanidades y formaron su propio colegio. Dentro de las adecuaciones se estableció con buen criterio estableció que esos profesionales que no lleguen a los citados 500 –y por ende no tengan colegio profesional—se deben acoger al colegio más afín. Ojo: lo está ordenando la ley. Si la ley les impusiera una obligación que no pudieran cumplir (por no tener colegio profesional) sería una ley injusta, ilógica. Pero la misma ley que les impone una obligación les brinda esa salida.
En ninguno de los estatutos de los colegios profesionales se contemplan agremiados de “primera clase” y de “segunda clase” (como sí lo hacen asociaciones civiles y hasta sociedades anónimas). No. Una vez incorporados se asimilan y todos son iguales (principio constitucional de igualdad, artículo 4). Todos tienen iguales derechos, entre ellos el de integrar la asamblea general y votar. En el caso del CANG lo que no pueden los afines es postularse para un cargo que se requiera ser abogado y menos ser elegido para tal. Aquí sí sería una grotesca violación de ley, pero no es el caso, solo se pide su voto como profesionales que son, conocedores del medio político (acaso los politicólogos lo descifran mejor). Votar es un derecho constitucional y legal que tienen y que la Sala Sexta les ha arrebatado de manera sorprendente y conforme a un trámite igualmente sorprendente (por decir poco). Es inconcebible que un tribunal, llamado a proteger los derechos, sea quien los arrebata. Le corresponde a la CC corregir el entuerto.
PD. CSJ. La posibilidad de nombrar a un magistrado de la Corte Suprema como magistrado titular de la CC es una variable que puede ayudar a desentrampar las negociaciones para elegir su presidente. Después de todo, cualquiera de ellos tiene la plena capacidad.
