En Guatemala, el gobierno ha dejado de ser un instrumento de servicio público para transformarse en una piñata de la que los “politiqueros” extraen beneficios personales. Las instituciones del Estado, que deberían garantizar el bien común, han sido capturadas por intereses mezquinos que las utilizan como botín, debilitando su credibilidad y su capacidad de respuesta ante las necesidades ciudadanas.
Lo más preocupante es que para realizar estas artimañas, los “politiqueros” han utilizado la autonomía institucional como bandera. Se amparan en ella para hacer y deshacer a su sabor y antojo, prolongando su permanencia en cargos o colocando a sus compinches en puestos clave. Bajo el discurso de la autonomía, han blindado sus feudos de poder, convirtiendo lo que debería ser un principio de independencia en un escudo para la manipulación y el abuso.
El fenómeno no se limita al Ejecutivo ni al Legislativo. Se ha extendido a los procesos de elección de autoridades en el sistema de justicia, un espacio que debería ser el garante de la certeza jurídica y la estabilidad institucional. En lugar de fortalecer la independencia judicial, los “politiqueros” han replicado sus prácticas en estas elecciones secundarias, manipulando nombramientos y negociaciones para asegurar cuotas de poder. Así, arman paquetes contra sus opositores y perpetúan un sistema de retaliación política que erosiona la confianza ciudadana.
El resultado es devastador, un sistema de justicia debilitado, incapaz de ofrecer seguridad jurídica, y un país que pierde competitividad frente a sus vecinos. La fuga de capitales y la reducción de inversión extranjera directa son consecuencias palpables de esta crisis. Los inversionistas buscan entornos donde las reglas sean claras y se respeten; en Guatemala, la incertidumbre jurídica y la captura institucional han generado el efecto contrario.
La ciudadanía paga el precio de esta piñata interminable. Cada golpe contra las instituciones erosiona la confianza social, profundiza la desigualdad y perpetúa la corrupción. Mientras tanto, los “politiqueros” celebran sus victorias personales, ajenos al daño estructural que provocan.
Es urgente recuperar el sentido original del Estado, se debe buscar servir a la población, garantizar justicia y promover desarrollo. La transparencia en los procesos de elección de autoridades judiciales, la independencia institucional y la rendición de cuentas deben ser pilares innegociables. Solo así podremos detener la sangría de capitales y reconstruir la confianza perdida.
Guatemala no puede seguir siendo el escenario donde unos pocos convierten al gobierno en piñata. El país merece instituciones sólidas, justicia independiente y un futuro donde la inversión y el desarrollo no sean víctimas de la politiquería disfrazada de autonomía.
La autonomía no puede seguir siendo utilizada como disfraz para la impunidad ni como bandera para justificar abusos. El pueblo de Guatemala no debe tolerar que unos cuantos conviertan las instituciones en feudos personales y que, bajo el pretexto de la independencia, se perpetúen prácticas que destruyen la confianza y debilitan el Estado de Derecho.
Es momento de que la sociedad civil organizada, las cámaras empresariales y la ciudadanía en general levanten la voz con firmeza. No podemos permanecer indiferentes mientras se desmantelan los pilares de la justicia y se ahuyenta la inversión que tanto necesitamos para generar empleo y desarrollo. Cada concesión a la politiquería es un golpe contra nuestro futuro.
El llamado es claro, se debe romper el círculo de complicidades, exigir transparencia en los procesos de elección de autoridades y defender la independencia real de las instituciones. Solo con un frente unido, que agrupe a la ciudadanía, al sector productivo y a las organizaciones sociales, podremos detener esta piñata interminable y rescatar al Estado de las manos de quienes lo han convertido en botín.
Guatemala merece un sistema de justicia que garantice certeza jurídica, un gobierno que sirva al pueblo y un futuro donde la autonomía sea sinónimo de independencia y no de abuso. Es momento de actuar, se debe terminar con esta gente, no más politiqueros disfrazados de defensores de la autonomía, no más debilitamiento del Estado de Derecho.
