Este año no solo se discuten presupuestos o políticas públicas: se está redibujando el mapa del poder institucional. Coinciden procesos para elegir autoridades del sistema electoral, de la justicia constitucional y del Ministerio Público, en un país donde la confianza está fracturada y donde cada nombramiento arrastra consecuencias. No es una coyuntura más: es una prueba para el sistema y para nuestra capacidad de exigir transparencia y responsabilidad. También es el contexto en el que se toman decisiones extremas, como el estado de sitio, que lejos de ser una solución estructural termina evidenciando cuán debilitadas están nuestras instituciones.
El problema. Infinidad de veces hemos hablado del impacto de las reformas constitucionales de 1993. Resumiéndolo una vez más: uno de los mayores daños fue alterar el calendario de las elecciones de segundo grado. Todo se concentró en un solo año, permitiendo que el mismo Congreso influya, con perfiles similares, en el Organismo Judicial, la Universidad de San Carlos y el Colegio de Abogados, eliminando la necesaria alternabilidad en decisiones clave. Esta concentración de poder crea condiciones propicias para la cooptación del Estado y debilita los contrapesos democráticos.
Y con ello viene un problema aún más profundo: la desmotivación ciudadana. El hartazgo, la decepción y el poco interés se instalan porque pareciera que nada cambia. La gente entiende el cambio como una mejora concreta en su vida. Y aunque hoy hay un presidente que intenta transformar el sistema para hacerlo más participativo e incluyente, el desgaste acumulado pesa. Cuando la justicia se percibe lejana y la política desconectada de la realidad cotidiana, la ciudadanía se retrae, y ese vacío lo ocupan los grupos que sí saben organizarse.
¿Qué pasó? Se conformó la comisión de postulación para el Tribunal Supremo Electoral con representantes de la Universidad de San Carlos, universidades privadas y el Colegio de Abogados. Allí se marcó una diferencia: se evidenció un hartazgo real y una búsqueda de cambio al no votar por los tradicionales de siempre. Ese gesto, aunque pequeño, mostró que todavía existen espacios para disputar el rumbo institucional.
La comisión, juramentada por el Congreso, recibió más de 80 expedientes, corrigió algunos, devolvió otros y abrió la etapa de tachas. Ahora estamos a la espera de que concluyan los plazos para iniciar la calificación. Sin embargo, el proceso avanza entre dudas legítimas y una ciudadanía que observa con cautela.
Y ahí viene la crítica: la tabla de gradación no parece la adecuada. Premia currículums, pero no hojas de vida; favorece trayectorias largas y castiga a personas jóvenes. Además, reaparece el dilema del finiquito. Para quienes nos hemos opuesto históricamente a este requisito —por haber sido usado como herramienta de control—, resulta evidente la contradicción: esta vez no exigirlo permite candidaturas que de otro modo quedarían fuera. Es complejo, sí, pero la línea es clara: el finiquito no debería ser requisito para aspirar a cargos públicos.
Se habla ya de acuerdos sobre quiénes pasarán entre los veinte finalistas. Queremos creer que no es así. Lo cierto es que, al mismo tiempo, arrancó el proceso para la Corte de Constitucionalidad y ya fue juramentada la comisión para Fiscal General. Como lo dijimos antes: todo se juntó. Y cuando todo se junta, aumenta el riesgo de negociaciones opacas y decisiones aceleradas.
No se vale que no aproveche esta columna para invitarlos a ver el ROBERTO ALEJOS PODCAST de esta semana, donde Carmen Aída Ibarra, de Justicia Ya, explica no solo qué está pasando, sino también lo que no debería estar ocurriendo. Escuchar estas voces ayuda a comprender por qué el estado de sitio no es un hecho aislado, sino la consecuencia de años de debilitamiento institucional, de territorios abandonados y de una justicia que llega tarde o no llega.
Que la población no se involucre o lo vea con indiferencia tampoco ayuda. Y aunque hemos logrado mantener algo de motivación, eso no se reflejó en las tachas ni en una discusión amplia sobre lo que realmente preocupa: violencia, pobreza, tráfico vehicular y deterioro de infraestructura, consecuencias de un sistema heredado que este gobierno intenta corregir mientras enfrenta la corrupción. Todo esto impacta directamente en la vida diaria y alimenta la sensación de un país atrapado en emergencias permanentes.
Ya es hora de que la voz ciudadana se escuche. Todos los temas del sistema republicano nos involucran. El poder reside en el pueblo y solo se delega mediante el voto. Eso también está en juego cuando se elige al órgano que organizará las próximas dos elecciones, procesos que marcarán el futuro inmediato y el siguiente ciclo político.
Y es que de ahí depende que el país cambie: de a quién elegimos y con qué compromisos llegan. Por eso la participación debe ser total, informada y vigilante, no dejada únicamente en manos de grupos organizados o intereses particulares.
Que nos duela ver cómo se politiza la justicia y se judicializa la política. Guatemala no necesita más estados de excepción; necesita instituciones fuertes y ciudadanía activa. Pero que ese dolor no se quede en la queja. Que se convierta en motor para actuar, involucrarnos, exigir y trabajar por cambiar el rumbo de Guatemala. Caminemos, participemos… o no avanzamos.
