“El Congreso hoy le cumplió al pueblo de Guatemala”, fue la expresión utilizada por el presidente Arévalo para celebrar la aprobación de la onerosa ampliación presupuestaria solicitada por el Ejecutivo, la cual fue aprobada la semana pasada por el Legislativo, la que engrosa aún más el ya descomunal presupuesto aprobado para este año 2026.
Esta ampliación cumple a cabalidad con el propósito de un año preelectoral para diputados y alcaldes de todo el país, incluyendo el distrito central y la ciudad capital, hacer “obra” sin ningún tipo de control financiero o de calidad, para poder lucrar y al mismo tiempo maquillar sus gestiones de cara al año electoral, que será el 2027. El presidente y su equipo lamentablemente han optado por negociar con el Congreso de la misma forma que lo hicieron los expresidentes Morales y Giammattei en vez de buscar un mecanismo diferente que sea compatible con su narrativa de “cero tolerancia” a la corrupción. Las palabras se las lleva el viento.
Varias obras listadas en el decreto aprobado no están incluidas dentro del SNIP (Sistema Nacional de Información Pública). Asimismo, llama poderosamente la atención que los gastos llamados de preinversión, que suman por lo menos Q50 millones, se ejecutarán bajo la modalidad de adquisición por excepción, es decir, sin ningún tipo de control ni explicación para su uso, lo que obviamente fomenta la corrupción y entorpece la rendición de cuentas de los funcionarios. También es notorio en el listado de obras del decreto de marras que los fondos para la ejecución son para la fase 2026, dejando claro que van a solicitar más recursos para continuar dichas obras en el presupuesto para el año 2027.
El presidente y su partido deben estar desesperados por poder ejecutar obras de relevancia, porque en sus primeros dos años de gobierno han tenido un desempeño más que mediocre en lo que a ejecución presupuestaria y mejoramiento de infraestructura vial se refiere. Utilizar la modalidad de excepción para la contratación de obra en año preelectoral hace sentido para agilizar obra, aunque sean chapuces de pésima calidad, a lo que nos tiene acostumbrados el gobierno, ya sea que lo presida un payaso, un dizque médico o un “ajedrecista”.
Tener un presupuesto inflado y desfinanciado, como el aprobado para 2026 con su ampliación, puede ser realmente peligroso para la economía, tema que, a lo largo de estos dos años, tanto el presidente como su ministro de Finanzas, han evidenciado que desconocen. Creen que la “bonanza” económica que tenemos actualmente se debe de sus altísimos presupuestos y a los incrementos en el salario mínimo. En realidad, el importante crecimiento de las remesas familiares en 2025, la disminución de precios internacionales del petróleo y el incremento de precios internacionales de otros commodities como el café, han creado las condiciones para tener crecimiento económico con una muy leve inflación. Este será tema de mi siguiente columna, pero el punto es que son condiciones externas, no factores internos, los que generaron condiciones macroeconómicas muy favorables para 2025. Este año puede ser distinto.
El punto es que, con la aprobación de la ampliación presupuestaria, ni el presidente, ni los diputados le cumplieron al pueblo, como lo expresó Arévalo, lleno de júbilo, la semana pasada. Lo único que hicieron la semana pasada fue recetarse una caja chica multimillonaria, y se garantizaron, cuándo no, mecanismos para evitar rendir cuentas al pueblo de Guatemala.
