Expertos en derecho constitucional y exmagistrados advierten una aplicación desigual de la justicia por parte de la Corte de Constitucionalidad (CC), ante la urgencia de tres magistrados por resolver amparos que amenazan la elección del Colegio de Abogados (CANG), pero mostrarse pasivos frente a situación en el Consejo Superior Universitario (CSU).
Según los juristas consultados por La Hora, esta premura por intervenir en el proceso gremial del 4 de febrero contrasta con una posible «desidia» del tribunal para hacer cumplir sus propias órdenes de renovación en CSU de la Usac, que opera con mandatos vencidos desde hace meses y cuya situación ha sido criticada en las últimas semanas por variados sectores nacionales y entidades internacionales.
El abogado Alfredo Ortega, maestro en Derecho Internacional de los Derechos Humanos por la Universidad de Notre Dame, y el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Luis Fernández Molina, coinciden en que la premura de los togados Ochoa, Molina Barreto y Paniagua por «preservar la pureza» del proceso gremial contrasta con la falta de ejecución de órdenes judiciales contra el CSU y que provocan que varias de las acciones en las próximas semanas ocurran sin la legitimidad necesaria.
NÚCLEO DE LA DISPUTA
Los amparos cuestionan que la Asamblea del CANG incluya a profesionales de ciencias afines —politólogos, sociólogos y otras disciplinas históricamente integradas al colegio— con derecho a voto. Los promotores de los amparos sostienen que solo abogados deberían participar en la elección de magistrados constitucionales.
La presidenta del CANG, Patricia Gámez, calificó la carta como “comprometedora” y advirtió que presionar al tribunal “trastoca el proceso electoral y afecta la certeza jurídica”.
“Lo que se busca, en el fondo, es excluir a profesionales afines de la votación. Eso vulnera la democracia gremial y rompe una práctica vigente desde 1982. Si el constituyente hubiera querido limitar el voto solo a abogados, lo habría dicho expresamente”, afirmó Gámez.
Para la dirigencia del CANG, la actuación de los magistrados genera un clima de incertidumbre “a días de la elección”, algo que —dijo— no se corresponde con un actuar de buena fe.
Unos 50 mil agremiados están llamados a elegir a un magistrado titular y un suplente el próximo 4 de febrero y si no hay resultados definitivos se realizará una segunda vuelta el 12 del mismo mes. Los elegidos integrarán la corte para el periodo 2026-2031.
CANG rechaza intentos de excluir a profesionales afines en elección de magistrados de la CC
OTRA CARA DEL PROBLEMA
Mientras la Corte muestra urgencia por revisar la convocatoria del CANG, mantiene una postura pasiva frente al CSU de la Usac, donde 37 de 41 consejeros tienen el período vencido. Este CSU también tiene que escoger a un magistrado titular y suplente para la renovación de la CC.
En diciembre de 2025, la propia CC ordenó a la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo dar un plazo prudencial al CSU para convocar elecciones bajo apercibimiento de encausamiento penal por desobediencia. La Corte reconoció entonces que el retraso era “fácticamente intolerable” y que la ejecución parcial de sus fallos debilitaba la certeza jurídica.
Pese a ello, el CSU —controlado mayoritariamente por el rector Walter Mazariegos— ha avanzado solo en renovaciones parciales y mantiene en funciones a consejeros vencidos, quienes además participarán en la elección de magistrados de la próxima CC.
DOBLE RASERO, SEGÚN EXPERTOS
El abogado Alfredo Ortega, es frontal al cuestionar la actuación del tribunal. En su valoración, la actual integración de la CC ha perdido legitimidad institucional y opera con criterios que, a su juicio, no son puramente jurídicos.
Ortega describió una Corte que, según él, tramita muchos casos con “desidia brutal” y que ha mostrado, en múltiples expedientes, una tendencia a resolver con base en cálculos políticos más que en estrictos parámetros constitucionales.
Sobre el fondo de la controversia con el CANG, consideró “francamente absurdo” cuestionar el derecho al voto de los profesionales de carreras afines, una práctica vigente desde hace décadas. En ese contexto, le llamó la atención la rapidez con que el asunto ha cobrado impulso dentro del tribunal.
“El oficio es realmente vergonzoso; tres magistrados ponen su firma en un documento en el que están externando opinión sobre un asunto en trámite. Esa nota parece un documento de incidencia de activistas políticos, no algo producido por alguien que se asemeje a un jurista”
Para Ortega, el contraste es evidente: mientras la Corte muestra premura para revisar los amparos contra el CANG, no ha exhibido la misma diligencia frente al CSU, que continúa operando con la mayoría de sus cargos vencidos pese a órdenes judiciales.
Según el abogado, la situación del CSU “sí es completamente irregular”. Recordó que desde el año pasado la CC tendría que haberse pronunciado con mayor firmeza sobre la desobediencia del Consejo para convocar elecciones y renovar a sus miembros. Incluso sostuvo que el rector Walter Mazariegos “ya tendría que haber sido encausado penalmente” por incumplir decisiones judiciales, algo que —dijo— no ha ocurrido en parte por omisión del propio tribunal constitucional.
CSU-USAC bajo advertencia, CC ordena convocar elección de consejeros con periodo vencido
El exmagistrado de la CSJ, Luis Fernández Molina, coincide en que el interés súbito por el CANG resulta llamativo.
Dijo que la incorporación de profesionales de ciencias afines al Colegio de Abogados no es reciente: proviene de normas de 1982, fue reafirmada en 1991 y reformada en 2001. Además, recordó que el artículo 4 de la ley vigente reconoce el derecho al voto de todos los agremiados.
A su juicio, si alguien consideraba irregular esta integración, tuvo más de dos décadas para impugnarla; por eso, le resulta “sumamente extraño” que el cuestionamiento aparezca justo ahora, a días de una elección clave para la CC.
Fernández Molina también subrayó que mientras tres magistrados presionan para conocer los amparos del CANG con carácter urgente, el CSU sigue sin cumplir plenamente las órdenes de renovación dictadas por la propia Corte. Para él, ese problema es más grave para la legitimidad de la próxima integración del tribunal.
También advirtió que excluir a las ciencias afines no es materia de amparo, sino —si acaso— de reforma legal expresa, y defendió que politólogos y sociólogos tienen igual derecho a participar en una decisión institucional de alcance nacional.
El CANG mantiene firme la primera vuelta para el 4 de febrero y una eventual segunda ronda el 12 de febrero. La CC aún puede convocar un pleno extraordinario antes de esa fecha, pero no ha fijado agenda pública.
