La idea de una “junta de paz” para Gaza —sugerida de manera informal, pero insistente por Donald Trump y su entorno— no debe leerse solo como una ocurrencia diplomática excéntrica. Más bien, encaja en una lógica histórica profunda, la externalización y privatización de las funciones clásicas del Estado moderno, seguridad, administración territorial, extracción económica y pacificación en actores no estatales o cuasi estatales.
En este sentido, el modelo trumpista de orden internacional guarda alarmantes similitudes con las “Compañías de las Indias Orientales”, tanto la inglesa como la holandesa, empresas establecidas a principios del siglo XVII.
A diferencia de la “Casa de contratación de Sevilla” establecida en 1503 como la entidad estatal de la Monarquía hispana para la administración de los nuevos territorios descubiertos, las “East India Companies” no fueron simples empresas comerciales.
Fueron entidades híbridas, corporaciones privadas con carta patente real, dotadas de potestades soberanas. Estas podían hacer la guerra, firmar tratados, acuñar moneda, recaudar impuestos y administrar la justicia.
En vastos territorios de Asia, el Estado no estaba ausente, sino que había sido privatizado. Las coronas británica y neerlandesa delegaban el costo y el riesgo de la expansión imperial a cambio de una parte de las ganancias y de la proyección de su poder global.
La “junta de paz” propuesta para Gaza, sería un ente “ad hoc”, impuesto desde arriba, posiblemente integrado por potencias externas, tecnócratas, actores empresariales y fuerzas de seguridad privadas, responde a una lógica análoga.
No se trata de construir la soberanía palestina ni de reforzar instituciones estatales locales, sino de gestionar un territorio “problemático” de manera eficiente, rápido y funcional al orden geopolítico dominante. La paz como función de la administración. La gobernanza como resultado del “outsourcing”.
Donald Trump, más empresario que estadista, concibe el orden internacional como un portafolio de activos y pasivos. En su perspectiva, los Estados frágiles o fallidos no son verdaderos sujetos de derecho internacional, sino problemas de gestión.
De ahí su preferencia por acuerdos rápidos, bilaterales, transaccionales, y su evidente desprecio por los procesos multilaterales lentos, jurídicos y normativos. La “junta de paz” no busca legitimidad democrática, sino resultados medibles como la seguridad, contención, estabilidad mínima y, eventualmente, rentabilidad económica.
Este escenario conecta directamente con el espíritu de las Compañías de las Indias Orientales. Allí donde el Estado era incapaz o costoso de imponer orden, la empresa privada lo hacía mejor. Pero el precio fue alto para las poblaciones sometidas, violencia estructural, explotación extrema, ausencia de derechos políticos y una lógica puramente extractiva.
El caso de Bengala tras la asunción del control por la East India Company con el resultado de hambrunas masivas, colapso institucional y saqueo sistemático es un terrible recordatorio de lo que ocurre cuando la pura racionalidad empresarial sustituye a la razón de Estado.
Las implicaciones actuales de este modelo son profundas. En primer lugar, normaliza la idea de que la soberanía es negociable y transferible. Territorios como Gaza, Ucrania, Haití o incluso regiones enteras de África pueden convertirse en “zonas administradas”, donde la legalidad internacional se suspende en favor de arreglos pragmáticos. En segundo lugar, consolida la fusión entre poder político, militar y corporativo produciendo empresas de seguridad privada, fondos de inversión, contratistas y débiles Estados que actúan como un solo ecosistema.
En tercer lugar, este modelo redefine la noción misma de paz. La paz deja de ser un proceso político basado en derechos, memoria histórica, reconciliación y autodeterminación, para convertirse en un equilibrio operativo con ausencia de violencia visible, control territorial efectivo y continuidad de flujos económicos. Es la “paz de la Compañía”: estable, rentable y profundamente injusta.
Finalmente, el paralelismo de la “junta de paz de Trump” con las “East India Companies” sugiere un retorno a una forma pre-westfaliana de orden global. Así como las Compañías de las Indias precedieron al Estado moderno británico y holandés, la proliferación de juntas, fideicomisos internacionales, administraciones especiales y protectorados de facto podría anunciar el debilitamiento del sistema de Estados soberanos surgido tras 1648. Nosu desaparición, pero sí su vaciamiento funcional.
La historia enseña que la privatización del Estado no es neutral. Produce orden, sí, pero un orden sin ciudadanía y sin política. Produce crecimiento, pero en muchos casos sin justicia. La “junta de paz” de Trump, como las viejas Compañías de las Indias Orientales, promete eficiencia donde el Estado fracasa. Así, la pregunta crucial, entonces y ahora, es quién paga el costo humano y político de esa aparente eficiencia económica de corto plazo, y sin una ciudadanía quién decide cuándo termina.
Es evidente que el “Orden internacional de normas de derecho” y los Estados que en el se sustentan deben mejorarse sustantivamente, pero la política es una actividad esencial para la libertad humana y sin ella los individuos no son sino siervos disponibles. La propuesta de Trump para la creación de la “junta de paz” para Gaza y el mundo entero es extremadamente peligrosa para la libertad de todas los habitantes del planeta.
