La vida institucional de un país se sostiene sobre un principio básico que es el respeto a la investidura pública. No es un formalismo vacío ni un protocolo decorativo; es la expresión mínima de sociedad con principios, valores y del reconocimiento de que las instituciones están por encima de los egos, los impulsos y las vendettas personales.
Investidura proviene del latín investire (“vestir, conferir un cargo”), y significa conferir oficialmente una dignidad o función. La investidura pública es el acto solemne mediante el cual una autoridad o funcionario recibe oficialmente un cargo o dignidad, adquiriendo la titularidad y las facultades que el ordenamiento jurídico le otorga.
Todo funcionario público debe mantener una conducta digna en actos públicos y privados, pues la investidura trasciende la persona. Por lo tanto, debe usar lenguaje y actitudes acordes al cargo, evitando gestos que deslegitimen la autoridad.
Pero cuando un funcionario público, y más aún uno que ejerce poder real, actúa con soberbia, confrontación y desprecio, el daño no es anecdótico. Se erosiona la autoridad moral del Estado, se debilita la confianza ciudadana y se normaliza una cultura de irrespeto que termina por contaminar toda la vida pública.
El comportamiento de algunos funcionarios del Estado es deplorable, es una muestra preocupante de esta degradación institucional. Sus constantes descalificaciones, el trato irrespetuoso hacia ciudadanos, jueces, fiscales y periodistas son actos que rompen de forma deliberada el respeto que exige la jerarquía constitucional y la responsabilidad inherente al cargo que ocupa.
Es muy importante tener en cuenta que uno puede increpar a cualquier persona, pero sin faltar el respeto, si se pierde ese respeto se pierde toda la convivencia social, el respeto es un valor que debemos tener para que todos vivamos en concordancia y en paz.
No se trata de blindar a nadie de críticas ni de negar el derecho a cuestionar. La crítica es saludable y necesaria en una democracia. Pero hay una línea clara entre el cuestionamiento con argumentos y el insulto desde el poder. Cuando un funcionario cruza esa línea, no ejerce libertad de expresión, sino que abusa de la investidura que le fue confiada.
Que estas conductas provengan de funcionarios públicos, de cualquier organismo del Estado, resulta doblemente grave. Las instituciones estatales son las encargadas de velar por la legalidad y la persecución del delito no puede operar desde la burla, la confrontación ni el desprecio. Cuando quien debe representar la ley actúa sin respeto, el mensaje que se envía a la sociedad es devastador, porque el poder se ejerce sin límites, sin formas y sin responsabilidad.
Las consecuencias sociales de este comportamiento son profundas. Los funcionarios públicos son referentes, quieran o no. Cuando normalizan el irrespeto y la agresión verbal, legitiman esos mismos comportamientos en la sociedad. El resultado es una convivencia cada vez más violenta, polarizada y desconfiada de sus instituciones.
La analogía es simple y contundente, si vemos hacia adentro de un hogar donde se pierde el respeto a la autoridad, se instala el desorden. En el Estado ocurre lo mismo. Cuando un funcionario olvida su investidura, arrastra consigo a la institución que representa y deja a la ciudadanía un ejemplo de confrontación y abuso de poder.
Este no es un debate menor ni un asunto retórico. Es una advertencia. Si se tolera que un funcionario público insulte, descalifique y degrade públicamente a otros funcionarios y a la ciudadanía, mañana no habrá límites para nadie. La investidura no es un privilegio personal ni un arma política, simplemente es una responsabilidad ética.
Y quien no es capaz de honrarla, simplemente no está a la altura del cargo que ocupa y no puede representar a la autoridad, porque no es digno de dar el ejemplo que una sociedad se merece. Guatemala necesita de funcionarios de altura, que sean ejemplo para la sociedad que los ve como figuras públicas. Un presidente de la República, un alcalde, un diputado, un magistrado o un fiscal no pueden tener esos exabruptos, porque representan el poder.
Esta reflexión la hago por todos los acontecimientos que hemos visto esta semana en los medios de comunicación, no se puede permitir este tipo de ejemplos públicos que lo único que provocan es dañar más la imagen institucional de una investidura que se encuentra erosionada. Son actos, más parecidos a una película barata, que hace que sea replicado por cualquier ciudadano y que le dan “alas” para que les falte el respeto a cualesquiera por las redes sociales.
