Las decisiones con las que la jueza de Mayor Riesgo Abelina Cruz Toscano ordenó sacar del aislamiento penitenciario a María Marta Patricia Castañeda Torres —pareja de Aldo Dupié Ochoa Mejía, alias el «Lobo», máximo líder del Barrio 18— se apoyan en un mismo argumento central: la obligación del Estado de garantizar la vida, la integridad física y los derechos inherentes de la procesada, aun en un contexto de máxima conflictividad carcelaria.
Las resoluciones de Cruz se emitieron pese a información de fuentes ligadas a la investigación y proporcionadas a La Hora, según la cual Castañeda Torres sería la principal estratega y responsable de la inteligencia de esa estructura criminal, mientras que su pareja estaría a cargo de la ejecución operativa de las acciones del Barrio 18.
La Hora tuvo acceso a las resoluciones emitidas los días 22 y 27 de enero, documentos que ahora se publican íntegramente y que detallan los razonamientos jurídicos con los que Cruz ordenó al Sistema Penitenciario revertir la medida de aislamiento aplicada a Castañeda Torres —sobrina de la excandidata a la presidencia Sandra Torres— tras la ofensiva violenta atribuida a esa pandilla.
Jueza Abelina Cruz ordena sacar del aislamiento a pareja del “Lobo”; Gobierno se resiste
En la primera resolución, fechada el 22 de enero, la jueza reconoce que la procesada se encontraba recluida en el área de resguardo del centro carcelario Mariscal Zavala, pero ordena que sea ubicada “en el área y sector correspondiente a su género”, bajo la estricta responsabilidad de la Dirección General del Sistema Penitenciario de implementar las medidas necesarias para “garantizar la vida y la integridad física de la procesada”.
El fallo fijó entonces un plazo de 24 horas para informar su cumplimiento y advertía que, de no hacerlo, se certificaría lo conducente contra los responsables, conforme al artículo 9 del Código Procesal Penal.
Cinco días después, el 27 de enero, Cruz endurece el mandato. Aunque el Sistema Penitenciario informó que había extremado las medidas de seguridad para proteger a la reclusa, la jueza consideró insuficiente esa respuesta y ordenó de forma expresa “el retorno” de Castañeda Torres al área de mujeres del centro preventivo, donde se encontraba antes del aislamiento.
La resolución añadió una condición adicional: la procesada no deberá compartir celda ni espacios con integrantes de pandillas, manteniendo nuevamente bajo responsabilidad directa de las autoridades penitenciarias la garantía de su seguridad e integridad.
Cruz no cuestionó las razones de seguridad invocadas por el Sistema Penitenciario tras la escalada de violencia del Barrio 18, pero subrayó que ninguna medida administrativa puede traducirse —según su criterio— en una vulneración de derechos fundamentales ni en un riesgo para la vida de la procesada.
AISLAMIENTO FUE TRAS CRISIS
Las órdenes judiciales fueron emitidas en un contexto excepcional. El aislamiento de Castañeda Torres se produjo el 20 de enero, dos días después de una ofensiva atribuida al Barrio 18 que dejó 10 policías muertos y al menos ocho heridos, e incluyó la toma simultánea de tres centros penitenciarios con decenas de rehenes. La crisis llevó al Gobierno de Bernardo Arévalo a decretar un estado de sitio por 30 días en todo el país.
Cruz no es la jueza natural del caso. El expediente corresponde al Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de Claudette Domínguez, pero en ambas resoluciones figura la leyenda “quien conoce en virtud del acuerdo 17,908-2025 de la Presidencia del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia”, que formaliza su intervención temporal en sustitución de la titular.
Jueza Abelina Cruz ordena sacar del aislamiento a pareja del “Lobo”; Gobierno se resiste
Fue Domínguez quien, en octubre pasado, ligó a proceso penal a Castañeda Torres por asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, dentro de la investigación por el segundo atentado contra la fiscal del Ministerio Público, Miriam Reguero. Según la acusación, la estructura criminal se dedicaba al sicariato y la imputada habría tenido un rol relevante dentro de la organización.
Las resoluciones vuelven a colocar a la jueza Cruz bajo el foco público. Sus fallos, que insisten en la primacía de los derechos fundamentales, incluso frente a escenarios de crisis de seguridad, se suman a una trayectoria judicial marcada por decisiones controvertidas en casos de alto impacto.
