La opinión pública guatemalteca se sorprendió al enterarse de que el caso de una demanda planteada por Bernardo Arévalo contra Rafael Curruchiche fuera asignada al juzgado cuyo titular es nada más y nada menos que Fredy Orellana, quien ha sido la pieza útil para el Ministerio Público en todos los casos que se montaron para intentar bajarse el resultado de la pasada elección. La explicación es muy sencilla: así funciona el sistema de justicia guatemalteco en el que, en todas las instancias, hay figuras comprometidas con garantizar la impunidad y se utilizan “asignando” casos donde mejor les conviene.
Curruchiche afirmó ante la prensa que Arévalo había pedido embargarle alrededor de cuatro millones de quetzales, equivalentes a los 25 salarios, lo que matemáticamente significa que el salario del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad es de 160,000 quetzales mensuales. Lo de los cuatro millones equivalentes a 25 salarios fueron palabras textuales de Curruchiche que quedaron grabadas por los medios que filmaron sus declaraciones.
El caso es que Fredy Orellana ha sido, sin duda que “casualmente”, el juez que ha tenido a su cargo los casos que involucraron los temas relacionados con el supuesto fraude electoral y los vicios que el Ministerio Público señaló en contra de la elección del año 2023 que sorprendió a muchos con el triunfo de Bernardo Arévalo. Y al margen de que es realmente algo indebido del demandante haber encomendado el caso a un abogado que tiene contrato con el Estado, también se resalta esta nueva “casualidad” en la que una demanda presentada por Arévalo contra Curruchiche sea asignada al juzgado que dirige Orellana.
Obviamente no todo está totalmente podrido y si la asignación de casos fuera realmente objetiva podría ocurrir que un juez probo, de los que aún quedan algunos, conociera la demanda que surge de la afirmación que hizo Curruchiche en contra de Bernardo Arévalo cuando convocó a la prensa para informar de un caso de “Corrupción Presidencial”, tal y como la FECI lo llamó cuando informaron de las supuestas anomalías en la participación de la UNOPS Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos en la adquisición de medicamentos para el Ministerio de Salud.
Aparte de la inmunidad que ampara a los gobernantes y también a los que se van al Parlacén, como Giammattei la afirmación que hizo la FECI al presentar el caso “Corrupción Presidencial” era un directo señalamiento contra Bernardo Arévalo en su calidad de Presidente y justifica que, por ser directamente aludido sin aportar pruebas, se pueda actuar judicialmente contra quien hizo esa calificación, más allá del tema del antejuicio.
Pero, repetimos, el sistema funciona al pie de la letra cuando se trata de proteger a los que son parte del mismo o para proceder en contra de quienes lo critican. Esa es una realidad incuestionable.
