El Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac), presidido por el rector Walter Mazariegos —señalado por Estados Unidos de haber llegado al cargo mediante un proceso fraudulento— hizo pública este jueves 29 de enero la convocatoria para designar a un magistrado titular y un suplente ante la Corte de Constitucionalidad (CC) para el período 2026-2031.
La decisión quedó formalizada en el punto tercero, inciso 3.3, del Acta 02-2026, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el pasado 26 de enero. El proceso se activa a poco más de dos meses de que venza, el 13 de abril, el período de los actuales magistrados designados por la casa de estudios superiores, en cumplimiento del artículo 269 de la Constitución, que atribuye al CSU la potestad de nombrar a uno de los cinco integrantes del máximo tribunal constitucional del país.
Según la convocatoria, el acto electoral se realizará el lunes 16 de febrero, en una sesión extraordinaria del CSU, en la que se designará de forma simultánea al magistrado titular y a su respectivo suplente.
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REQUISITOS PARA CANDIDATOS
Los profesionales interesados deberán presentar sus expedientes los días 5 y 6 de febrero en la Secretaría General de la Usac, en la Ciudad Universitaria, bajo un esquema de requisitos estrictos que incluyen acreditación de honorabilidad, al menos quince años de ejercicio profesional y, de forma preferente, experiencia en docencia universitaria.
El documento detalla un extenso listado de certificaciones, constancias y declaraciones juradas que deberán integrar los expedientes, los cuales —advierte la convocatoria— no serán admitidos fuera del plazo establecido ni podrán ser completados con posterioridad.
El CSU también establece que los nombres de los magistrados electos deberán ser trasladados al Congreso de la República dentro de los sesenta días siguientes a la instalación de ese organismo, conforme a la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad.
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UN CSU ILEGÍTIMO
Sin embargo, la apertura del proceso ocurre en un contexto de creciente controversia jurídica y política. Diversos abogados han impugnado la convocatoria bajo el argumento de que el CSU no se encuentra debidamente integrado y carece de legitimidad para realizar una designación de alto impacto institucional como la de magistrados de la Corte de Constitucionalidad.
Los profesionales del derecho Erick Castillo y Javier Monterroso presentaron, por separado, acciones legales para suspender la elección hasta que se renueve la integración del Consejo.
Ambos sostienen que más de una veintena de consejeros continúan en sus cargos pese a que el plazo para el que fueron electos venció hace varios años, una situación que —afirman— vulnera el principio democrático, la alternabilidad en el ejercicio del poder y la legalidad de la función pública.
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A estas acciones se sumó el diputado David Illescas, del grupo Raíces, vinculado al oficialismo, quien también anunció la interposición de un amparo contra la convocatoria, alegando que una eventual elección realizada por un Consejo ilegítimo podría trasladar esa misma sombra de ilegitimidad a los magistrados electos y, por extensión, a la justicia constitucional.
El proceso se desarrolla, además, bajo la influencia del rector Walter Mazariegos, quien mantiene el control de la mayoría de votos dentro del CSU. Diversas investigaciones periodísticas han documentado la expulsión de consejeros opositores, la anulación de procesos de designación adversos a su gestión y la exclusión de representantes electos que cuestionan su liderazgo, consolidando un órgano que responde mayoritariamente a su línea de poder.
