Abogados impugnaron la convocatoria para la designación de magistrado titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC) por parte del Consejo Superior Universitario (CSU) de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), ya que, más de 20 integrantes de la máxima autoridad universitaria concluyeron el plazo por el que fueron electos, por lo que afirman que no cuentan con la legitimidad para realizar la elección.
Los profesionales del derecho, Erick Castillo y Javier Monterroso, ambos de manera individual, accionaron para que se ordene la suspensión de la convocatoria a la elección de magistrados de la alta Corte y que sea retomada cuando se haya renovado el CSU con integrantes legítimos.
El pasado 26 de enero, el CSU inició con el proceso de elección de magistrados de la alta Corte, en una reunión sin convocatoria previa, a puerta cerrada y con integrantes que vencieron el plazo por el que fueron designados.
La Hora publicó la nota “Con cargos vencidos y mayoría de Mazariegos: Así se divide el poder en el CSU previo a elección de la CC”, en la que se detalla que mayoría de los integrantes responden al rector de la San Carlos, Walter Mazariegos.
La nota también explica que el CSU ha expulsado a representantes opositores de Walter Mazariegos, anulado los procesos en los que fueron designados, negado que tomen posesión o que se unan a las reuniones del Consejo.
LA ACCIÓN DE CASTILLO
El abogado Erick Castillo presentó una acción ante el Tribunal Constitucional en el que pide que se suspenda la convocatoria a elección de magistrado titular y suplente de la CC, así como para que, con base al sistema democrático y al principio de alternabilidad en el ejercicio del cargo, se releve inmediatamente a los consejeros.
También, solicitó que se convoque inmediatamente a la elección de los consejeros en las facultades y colegios profesionales para que se sustituya a los miembros del CSU, que vencieron el plazo para el que fueron electos.
Una vez integrado debidamente el CSU, el profesional del derecho pide que de forma inmediata se inicie con el proceso de selección de magistrado titular y suplente, con el fin de que se cumpla con el debido proceso y el principio de legalidad de la función pública, regulado en los artículos 12 y 152 de la Constitución.
De acuerdo al abogado Castillo, el CSU podría vulnerar el debido proceso, regulado en el artículo 12 Constitucional, ya que, se estaría integrando el Consejo con integrantes que no representan la voluntad de los sectores estudiantiles, docentes y egresados de las Facultades y Colegios Profesionales, al mismo tiempo, que no están legitimados para realizar la designación.
«No es justificable que el CSU lleve a cabo el acto de elección de magistrados titular y suplente de la CC con consejeros cuyo plazo ya venció para el cargo que representan, dado que, esa circunstancia es imputable al CSU por la omisión de convocar a elecciones para la debida integración de sus Consejeros», indicó el abogado, quien remarcó que también se vulnera el Reglamento de Elecciones de la casa de estudios superiores.
También, el abogado señaló que los consejeros no gozan de legitimación, por lo que la integración del CSU no deriva de aplicación del sistema democrático, sino de una vulneración a la alternancia en el ejercicio de los cargos en el cual incurrieron los actuales miembros de la máxima autoridad universitaria, por lo cual, recordó el Expediente 729-2025 de la alta Corte, con el que se ordenó la renovación de los miembros del Consejo.
A su vez, sostiene que se vulnera el principio de legalidad de la función pública, establecido en el artículo 152 constitucional, por lo cual remarcó que todo acto o comportamiento de la administración debe estar sustentado en «una potestad conferida por el ordenamiento jurídico vigente y cualquier omisión que se produzca en el desempeño de la función también implica vulneración al principio de legalidad».
En esta línea, afirma que el CSU está actuando fuera de los límites de su competencia y, por tanto, en contravención al principio de legalidad.
ACCIÓN DE MONTERROSO
Asimismo, el abogado Javier Monterroso presentó un amparo ante una Sala de lo Contencioso Administrativo para que se suspenda la convocatoria del CSU hasta que se renueven los integrantes que vencieron el plazo por el que fueron electos.
De acuerdo al profesional del derecho, el CSU no está integrado legalmente, ya que la mayoría de sus miembros debió haberse electo desde 2020, pero por diversas razones, los cargos no han sido renovados.
El abogado Monterroso señaló que la alta Corte, dentro del Expediente 6303-2024, indicó que la no renovación de los cargos del CSU representa una violación a la autonomía universitaria y a los derechos de elegir y ser electos de los miembros de la USAC.
En esta misma decisión, la alta Corte ordenó que se renueven los miembros del CSU, pero hasta la fecha alrededor de 23 representantes en el Consejo continúa con cargos vencidos.
«No tienen la legitimidad necesaria para continuar en sus cargos y menos aún para elegir magistrados de la Corte de Constitucionalidad. Más grave aún, esta situación se produce por la desobediencia del Consejo Superior Universitario de convocar a elecciones a pesar de sentencias de salas de lo contencioso administrativo y de la propia CC», añadió.
El abogado explicó que la legitimidad es una condición de los poderes y órganos del Estado, que significa que representan a quienes lo eligen, por lo que, el CSU «ya no es legítimo».
«Que si bien por el principio administrativo de permanencia deben permanecer en sus cargos mientras no sean sustituidos no están legitimados para elegir cargos tan importantes para el estado como es el de magistrados de la Corte de Constitucionalidad», indicó.
En esta línea, sostiene que de realizarse la elección por un Consejo ilegítimo, esta ilegitimidad afectará también a los magistrados de la alta Corte electos y en consecuencia a la administración de justicia constitucional.
OTRA ACCIÓN
De la misma forma, el diputado David Illescas, de la facción de Semilla que responde a Samuel Pérez denominada «Raíces», aseguró que interpuso un amparo en contra de la convocatoria a elegir a magistrados de la CC, ya que el CSU no está debidamente integrado.
«Incluso hay representantes estudiantiles que ya están graduados y por ende pierden su calidad de estudiantes, entre otros vicios», agregó en sus redes sociales.
La Hora solicitó el amparo a uno de los asesores del diputado Illescas, quien indicó que sería trasladado. De contar con mayor información de lo planteado por el congresista será colocado en este espacio.
