En la práctica clínica existe una regla que no admite excepciones responsables: no se trata sin diagnóstico. Ningún profesional serio inicia una intervención compleja sin comprender primero el sistema que tiene delante, sus fallas, sus límites y sus riesgos. Cuando esa regla se viola, el resultado no es eficiencia, sino iatrogenia (que es el daño no intencional causado por una intervención profesional médica, clínica o técnica que genera efectos adversos por error de diagnóstico).
La obra pública debería regirse por el mismo principio. El caso del Puente Belice II ilustra con claridad esta lección elemental. Un proyecto concebido en 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, avanzó sin la madurez técnica necesaria: derechos de vía incompletos, estudios deficientes y una planificación que priorizó la urgencia política sobre la lectura integral del sistema. El problema no fue construir, sino construir sin haber diagnosticado.
Hoy, el presidente Bernardo Arévalo enfrenta una situación comparable a la de un clínico que recibe a un paciente con tratamientos previos mal ejecutados. No puede ignorar el problema, pero tampoco puede repetir el error. La Constitución no distingue entre proyectos heredados y propios; distingue entre autoridades que cumplen y autoridades que omiten. Y cumplir, como en medicina, no significa actuar a ciegas.
La Corte de Constitucionalidad ha sido clara: el proyecto debe ejecutarse. Pero una orden judicial no elimina la obligación técnica. En un Estado de derecho, la autoridad debe cumplir y corregir, no suspender por criterio propio. Eso implica revisar, ajustar, rediseñar y documentar cada corrección durante la ejecución, exactamente como ocurre en un tratamiento clínico por fases.
En odontología —y en medicina en general— forzar un procedimiento sin corregir primero el diagnóstico genera complicaciones mayores, costos crecientes y daño inevitable. En la obra pública ocurre lo mismo: ejecutar sin correcciones reales produce sobrecostos, litigios, riesgos estructurales y, finalmente, fracaso. Pero paralizar indefinidamente bajo el pretexto técnico también es una mala práctica institucional.
La única salida responsable es avanzar con diagnóstico actualizado, ejecutar con corrección técnica y documentar cada decisión. No se trata de construir rápido, sino de construir bien; no de cumplir formalmente, sino de cumplir de manera funcional.
El Puente Belice II se ha convertido así en un caso de estudio. Muestra qué ocurre cuando el Estado actúa como un mal clínico: improvisa, tapa síntomas y posterga decisiones estructurales. Pero también abre la posibilidad de hacer algo distinto: demostrar que es posible cumplir una sentencia sin reproducir errores, corregir sin paralizar y gobernar sin improvisar.
Diagnosticar antes de construir no es una metáfora elegante. Es una regla básica de responsabilidad profesional. En la clínica y en el Estado, ignorarla siempre termina costando más.
