A pesar de su aparente abundancia, Guatemala vive ya una crisis del agua. En amplias zonas urbanas de la ciudad de Guatemala, el servicio de agua potable se recibe únicamente unas pocas horas por semana. Este problema no se limita a la capital; también se manifiesta en ciudades como Quetzaltenango, donde existen sectores que no cuentan con abastecimiento continuo.
Esta realidad cotidiana contrasta con las cifras oficiales que describen a Guatemala como un país con abundantes recursos hídricos. El balance hídrico nacional reporta aproximadamente 110 mil millones de metros cúbicos de agua y una disponibilidad per cápita cercana a los 7 mil metros cúbicos por persona al año, es decir, unos 6 metros cúbicos diarios. Una cantidad que, en la práctica, ningún hogar guatemalteco utiliza ni recibe.
Este contraste revela una verdad incómoda: El problema del agua en Guatemala no es su existencia, sino su gestión, un problema fundamental de política pública.
Aunque somos un país que «produce» agua, ya enfrentamos serios problemas de cantidad debido a una administración ineficiente del recurso. Pero aún más grave es el problema de la calidad del agua. La mayoría de los ríos del país han sido convertidos en drenajes y basureros, tanto por comunidades urbanas como rurales. En consecuencia, Guatemala no solo enfrenta una crisis de acceso, sino una crisis profunda de contaminación hídrica que refleja nuestro abuso para con el planeta y nuestra indiferencia para resolverlo.
La disponibilidad per cápita de agua tampoco se distribuye de manera equitativa. Como ocurre en muchos países, el mayor consumo de agua se concentra en la agricultura, que utiliza aproximadamente el 70% del recurso, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). La industria consume alrededor del 20%, mientras que apenas un 10% se destina al uso doméstico. Esta distribución plantea interrogantes fundamentales sobre prioridades, eficiencia y equidad en el uso del agua.
El problema central del agua en Guatemala es, entonces, la ausencia de una gestión integral y de un marco legal adecuado. Un 25% de los hogares del país no cuenta con agua entubada, y cerca de la mitad de la población reporta dificultades de acceso al recurso. Esto ocurre incluso en territorios donde el agua se produce de forma natural. A ello se suma la precariedad o inexistencia de infraestructura de distribución y el casi nulo tratamiento del agua para consumo humano.
Todo este escenario desemboca en una carencia estructural: Guatemala no cuenta con una ley nacional de aguas.
Durante el presente gobierno, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) impulsó el denominado Proceso Nacional del Agua, que culminó en 2025 con la elaboración de un borrador de Ley de Aguas. Este documento fue trabajado durante el primer semestre del año y sometido posteriormente a una consulta genérica en la que participaron diversos sectores.
Desde la academia, participé en este proceso a través del Instituto de Investigaciones de Ingeniería del Centro Universitario de Occidente (Cunoc) de la Universidad de San Carlos de Guatemala, aportando investigaciones relevantes como estudios hidrogeológicos, análisis de inundaciones y trabajos sobre gestión de recursos hídricos de mis colegas investigadores y míos. Así mismo, participé desde el colectivo comunitario Acción por el Agua (APA), integrado por pobladores urbanos de Quetzaltenango y comunidades rurales de San Juan Ostuncalco (pueblo Mam) y San Juan Olintepeque (pueblo K’iche’), desde donde presentamos observaciones, propuestas de mejora y objeciones al borrador de la ley.
Actualmente, estamos a la espera de una versión revisada de dicha iniciativa.
El formato conocido de la Ley de Aguas contiene avances importantes, pero también presenta debilidades estructurales profundas. Entre las más relevantes destacan tres. Primero, la creación de una autoridad nacional del agua bajo la figura de una “superintendencia” integrada por ministerios históricamente inoperantes, junto a la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM), cuyos alcaldes han mostrado, en muchos casos, un claro desinterés por la gestión hídrica local. Esta estructura carece de representación real del país y excluye a los centros de investigación académica que conocen científica y técnicamente el recurso.
Segundo, la inclusión de concesiones de hasta 50 años a entidades privadas, sin una explicación técnica ni social que justifique plazos tan extensos para un recurso estratégico y vital. Y tercero, la incorporación del Insivumeh como actor central, institución que no cuenta con las capacidades científicas ni tecnológicas necesarias para abordar la complejidad integral del agua, más allá de su rol meteorológico.
Nos encontramos, así, en un impase. Se desconoce el estado actual de la revisión de la Ley de Aguas por parte del MARN, mientras los problemas de acceso y calidad del agua continúan agravándose.
Este pasado 20 de enero, Naciones Unidas presentó su informe La Bancarrota Global del Agua, un documento que advierte sobre un escenario crítico a nivel mundial. Al contrastar sus indicadores con la realidad guatemalteca, resulta difícil no concluir que ese futuro apocalíptico anunciado ya se vive, en buena medida, en nuestro país.
Ese será el tema de mi próximo artículo.
