El patrón es el mismo: hombres armados, ráfagas de disparos, cuerpos inertes y después el silencio sepulcral de la muerte; mientras tanto, la población se desenvuelve entre dos realidades: la del discurso que habla de operativos, coordinación, planes y estrategia; la otra, la de la calle, la cual indica que la gente ya no quiere salir de noche, modifica sus hábitos sociales, cierre temprano de los negocios, las líneas de transporte urbano se tornan escasas y los taxis piratas aparecen para llevar pasajeros a un costo alto, además, se aprende a tirarse al suelo o buscar un lugar que los proteja cuando se escuchan los disparos.
Nuestro país, desde que hubo implementación de armas de fuego a la policía y la venta fue autorizada a distribuidores para venderlas a los ciudadanos, ha tenido una estadística de asesinatos, homicidios, asaltos a mano armada, compra y venta ilegal de armas, así como el trasiego de estas; actos legales e ilegales que se traducen en violencia cuyo recipiendario final es la población.
Los delitos antes referidos echaron raíces en el territorio nacional donde los grupos de delincuentes se disputan el control de las vías de circulación vehicular para cobrar el paso de mercaderías ilícitas y el paso de inmigrantes, lo cual inhibe a los comerciantes para el desarrollo de sus actividades económicas; así mismo, la población busca otras rutas para llegar a sus destinos, lo cual implica más gasto para su transporte. Es cierto, que las autoridades reaccionan, pero no logran recuperar el ambiente de paz y libertad de locomoción.
Hombres y mujeres asesinados en cualquier lugar del territorio nacional, sus nombres pasan a ser un número más en las estadísticas; las noticias son, por decirlo así, brutales, pero tristemente ya no son excepcionales, es decir, que ya forman parte de la cotidianidad, lo cual implica un golpe psicológico, que afecta directamente la salud mental y obliga a las personas a elucubrar y fomentar el miedo y terror, así como a extremar sus medidas de seguridad personales y familiares. Lo anterior nos indica que en el país de hecho está normalizado el horror, temor y miedo.
Lo más preocupante es que, estos actos ya no generan una indignación permanente; por el contrario, inducen a la elucubración y resignación; y cuando la población se resigna, la violencia y la criminalidad ganan espacio en las calles y en el imaginario social.
El pasar de los años nos muestran los mismos escenarios: los mismos operativos y las mismas promesas, pero no se percibe la disminución de los delitos contenidos en los actos ilícitos; por el contrario, van en aumento. La reconstrucción del tejido social guatemalteco tiene que estar basada en la determinación de las autoridades para ejercer el poder del que disponen y devolver al país la paz como un derecho, pues pareciera que la paz ahora es un lujo reservado a las elites económicas que pueden pagarse el servicio de guardaespaldas y tener vehículos blindados.
La sociedad guatemalteca espera con ahínco que las nuevas autoridades responsables de la seguridad nacional sigan actuando con firmeza; se entiende y comprende que Roma no fue construida en un día; sin embargo, las acciones por realizar deben ser cruciales contra la delincuencia organizada y desorganizada para, por lo menos, proporcionar un poco de tranquilidad a la población.
