Es un dicho común entre funcionarios públicos de los países con altos índices de corrupción que “el salario es lo de menos” puesto que los ingresos que realmente importan por su enorme volumen provienen de los sobornos para que bailen al son que tocan aquellos que hacen jugosos y sucios negocios. Viene esto a cuento por el alboroto que se ha armado alrededor del salario que se fijaron los miembros de la Superintendencia de Competencia, recientemente establecida por una ley que se aprobó el año pasado. Ciertamente el sueldo es elevado, pero a los ciudadanos lo que nos debe importar es que hagan bien su trabajo porque ello implicaría mejor funcionamiento del mercado e incluso, en algunos casos, reducciones de precios en productos, entre ellos las medicinas.
Según la Ley esa superintendencia es una entidad estatal autónoma que se encarga de promover, proteger y garantizar la libre competencia en el mercado local y les compete investigar y sancionar prácticas monopólicas y eliminar barreras comerciales para beneficio de los consumidores. Eso significa evitar prácticas anticompetitivas y acuerdos restrictivos como los que se dan, por ejemplo, en una parte del sector farmacéutico que es una de las joyas de la corona de los negocios que ocurren en nuestro país.
El sueldo es alto, efectivamente, pero se justifica si eso significa que van a cumplir su función sin caer en el juego tan popular de las mordidas para hacerse de la vista gorda de las prácticas anticompetitivas que usan proveedores que se ponen de acuerdo para repartirse el pastel, seguramente que tendrían que bajar los precios en artículos vitales como las medicinas. Desafortunadamente las razones para dudar están a la vista, puesto que los diputados tienen un salario parecido al de los encargados de la Superintendencia de Competencia y eso no significa que dejen de tener el ojo puesto en negocios de todo tipo y en los famosos Consejos de Desarrollo.
En un ambiente sano, de real transparencia, no importaría pagar buenos sueldos a gente que llega a cumplir su trabajo y no a vivir de mordidas. Tristemente el ejemplo que está a la vista no es para nada alentador y creemos que es en ese tema que nos debemos enfocar los ciudadanos. Exigir que quienes devengan salarios públicos vivan de ellos, que no operen para facilitar negocios sucios que les salpiquen como ocurre actualmente.
La libre competencia, real y verdadera, es un mecanismo para garantizar eficiencia, mercado libre y precios razonables porque es el elemento que obligaría a los distintos proveedores a producir la mejor calidad al precio más accesible. En cambio, sin competencia, lo que hay son acuerdos que se convierten en esas prácticas monopólicas que permiten elevar los precios mediante arreglos entre quienes debieran ser competidores.
Si el sueldo es alto y se convierte en el único ingreso (sin mordidas) del funcionario, el país ganaría mucho.
