En columna anterior hemos tratado la conflictividad de las maras, y su plena disposición a desestabilizar el gobierno, en ese contexto es de conocimiento público que estos grupos en clara oposición al gobierno han hecho un pacto de no agresión, entre los privados de libertad, es decir, los paisas, la Mara Salvatrucha y la Mara 18, sin dejar de lado a Los Caradura. Pero veamos en el contexto quienes son, cada uno de los que forman esta nueva estructura, ello en cuánto al manejo de las cárceles, crimen organizado en sicariato, extorsión y narcomenudeo:
La presencia de la Mara Salvatrucha (MS-13) en Guatemala no fue un fenómeno propio, sino el resultado de un proceso migratorio y de políticas de seguridad transnacionales durante los años 90, sus raíces están en Los Ángeles y fue fundada en los años 80 por inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil, es decir son producto de la guerra y la falta de identidad y aceptación en una cultura que no es la suya, se agruparon para suplir, entre otras cosas, a la familia, aunque inicialmente era un grupo de apoyo y protección frente a pandillas mexicanas, evolucionó hacia una estructura criminal violenta. Con las deportaciones masivas a mediados de los 90, la MS-13 llega a Guatemala procedente no solo de los Estados Unidos sino también de la migración desde El Salvador y fueron conformados por miles de jóvenes con antecedentes penales y formación en la cultura de pandillas angelinas fueron enviados de regreso a Centroamérica, la migración de retorno a Centroamérica se exportó el modelo criminal con su lenguaje corporal, es decir el lenguaje a señas como sus tatuajes exponenciales, y la estructura jerárquica de las misma en clicas, quienes controlan territorios determinados en especial áreas marginales de la ciudad.
La mara 18, tiene una estructura similar a la Mara MS-13, que es de origen salvadoreño es decir su territorio solo abarca a Guatemala y no en los Estados Unidos o bien El Salvador, lo que si es que se establece en el territorio de la zona 18, en especial en las colonias como el Limón, la Maya, Kennedy, el Paraíso y el asentamiento Fátima, entre las principales; su estructura está organizada por la gran rueda o mesa de la zona 18 que está conformada por los líderes de la bandas o clicas, según su territorio, esta banda sufre una transformación por las bandas de la 33 o la FIVE y eran conocidos en los ámbitos sociales como los Breakes, llamados así por el baile urbano.
Los Caradura son una estructura criminal que aunque comparte objetivos con las pandillas tradicionales, opera bajo una lógica distinta, centrada principalmente en el narcomenudeo y el sicariato. A diferencia de la Mara Salvatrucha (MS-13) o el Barrio 18, que tienen orígenes en Los Ángeles y se rigen por estrictos códigos de «barrio». Los Caradura se distinguen por el origen y liderazgo familiar que comenzó a operar formalmente hacia el año 2011, tras el asesinato del narcotraficante Mario el “Marioco” García Rodríguez, y Güicho Caladera asociado con la porra U5C de los Rojos de Municipal. Su liderazgo se concentra en un núcleo familiar cerrado y lealtades internas, alejándose del modelo de «clicas» de las maras. Dentro de alianzas dinámicas: han mantenido una alianza estratégica con el Barrio 18. Sin embargo, en el contexto actual de 2026, enfrentan una guerra abierta contra la Mara Salvatrucha (MS-13), que ha desplazado a Los Caradura de territorios clave como «El Gallito» en la zona 3 capitalina, para tomar el control del mercado de drogas y algunas otras zonas de la ciudad. Su zona de operación han sido discotecas y puntos de distribución de droga en la Ciudad de Guatemala. Recientemente han protagonizado hechos de violencia extrema, siendo señalados por la desaparición y asesinato de jóvenes en clubes de la zona 9. Por su peligrosidad y la violencia de sus ataques, el gobierno guatemalteco ha intensificado operativos contra ellos, tratándolos junto a las maras como organizaciones que atentan contra la seguridad nacional.
En el contexto de la seguridad y el Sistema Penitenciario de Guatemala, el término «Los Paisas» no se refiere a una sola pandilla con un origen específico como las maras, sino que tiene dos significados principales, según el ámbito en el Sistema Penitenciario (significado principal) que originalmente se llamaba «Paisas» a los reos que no pertenecían a ninguna pandilla (ni a la MS-13 ni al Barrio 18) y quiénes eran considerados como la población penal común. Sin embargo, con el tiempo, este grupo se organizó internamente para defenderse de los ataques de los pandilleros en las cárceles, su evolución criminal a partir del año 2012, las autoridades detectaron que los «Paisas» dejaron de ser solo reos comunes para transformarse en una estructura criminal organizada dentro de las prisiones, dedicándose a la extorsión y al control de sectores carcelarios, lideradas por Byron Lima, condenado por la muerte del Obispo Juan Gerardi y El “Taquero» Marvin Montiel Marín, un narcotraficante guatemalteco que lideró una de las estructuras criminales más violentas de la región de Zacapa. Su figura es clave para entender la evolución de las disputas de poder dentro del Sistema Penitenciario y el crimen organizado en Guatemala, en años recientes, incluyendo enero de 2026, han sido protagonistas de motines y enfrentamientos contra el Barrio 18 por el control de privilegios en centros como Pavón y Fraijanes.
Empero las maras, como podemos ver, se han asociado con narcos y políticos para cometer crímenes y extorsiones, que obliga al gobierno armonizar con los organismos del Estado, para que los mareros sean calificados como criminales, sean juzgados y condenados por sus acciones de terror.
El estado de sitio decretado por el Ejecutivo, da lugar a las aprehensiones de los antisociales y garantizar seguridad a la población. Los involucrados en las maras, el fin de semana originaron pánico y zozobra, al amotinarse en tres centros de reclusión, al restringirles los privilegios, mediante sobornos, dejando heridos de gravedad a varios uniformados que se debaten entre la vida y la muerte. Tras esos hechos, obligó al gobierno a decretar por 30 días el estado de sitio. Los diputados, al ratificarlo, se acordó otorgar a los familiares de las víctimas que murieron en el cumplimiento de su deber, una retribución económica.
Las maras se conformaron hace más de tres décadas. En los centros de reclusión, sobornan a los guardias penitenciarios para que les permita toda clase de privilegios. Se cuestiona a jueces que no dicten condenas por años a esos criminales terroristas, conociéndose que los antisociales al salir de prisión, continúan con su accionar criminal, extorsionando a la población y quien se niega a sus requerimientos, es asesinado sin piedad.
Las acciones de criminalidad del pasado fin de semana, ponen en evidencia las acciones despiadadas de los criminales. Las autoridades exigen al Ministerio Público, que coordine las investigaciones para aprehender a los criminales. Varios han sido aprehendidos, entre ellos menores de edad que asesinaron a los agentes policiacos, demandándose que se les juzgue como criminales y se les condene a varios años de prisión.
Analistas consultados coinciden que detrás de estos grupos criminales de supuestos mareros, están narcos y políticos que, en el proceso electoral, trataron que el presidente Bernardo Arévalo de León, no tomara posesión, con el argumento que se había producido un supuesto fraude, y se acusó al ente investigador, de no cumplir con lo que dice la ley, que la única entidad para conocer los procesos electorales, es el Tribunal Supremo Electoral. Es evidente que los mareros están asociados a políticos de oposición. Uno de estos líderes recluidos en Renovación I de Escuintla, expresó con frases altisonantes a las fuerzas de seguridad que exigían la liberación de los guardias de presidios que habían sido tomados como rehenes, diciendo que se debería “dar un golpe de Estado” y que el presidente Arévalo, debería de renunciar.
El gobernante en la conferencia de prensa, cuando oficializó el estado de sitio, dejó entrever que algunos políticos y sectores de oposición, podrían estar detrás de estos grupos, por lo que es aconsejable que el mandatario Arévalo sea más concreto en sus declaraciones y haga una denuncia formal en el Ministerio Público, para que se identifique qué grupos políticos están asociados con los mareros, para que se proceda con arreglo a derecho.
En algunos sectores del gobierno se ha manifestado que hasta ahora ninguna agrupación política, se ha pronunciado por la ola criminal de los mareros contra las fuerzas de seguridad. La Iglesia católica, la Asociación de Periodistas de Guatemala, y entidades privadas, se solidarizaron con el gobierno por las acciones criminales de las maras. Nosotros nos unimos al pesar que tiene el pueblo de Guatemala, por el asesinato de los agentes del orden que murieron en el cumplimiento de su deber.
La muerte de los agentes asesinados, no debe quedar impune y las autoridades deben hacer el mayor esfuerzo para aprehender a los criminales, aislarlos en los centros de reclusión y es urgente que se haga una reorganización a fondo en el Sistema Penitenciario y se reforme los códigos Penal y Procesal Penal.
