La noche del domingo 18 de enero en cadena nacional y flanqueado por los ministros de Gobernación y Defensa, el presidente Bernardo Arévalo comunicó al pueblo de Guatemala que se declaraba el estado de sitio por 30 días a nivel nacional debido a los acontecimientos violentos observados el sábado 17 y domingo 18. Los motivos de la oleada de violencia que sacudió al país este fin de semana fueron resumidos de manera clara por el presidente Arévalo: fueron originados por las pandillas y maras orquestadas por las estructuras políticas y criminales que están detrás de las primeras. El presidente aludió a estas estructuras como “mafias político-criminales”. Agregó el presidente que estas violentas acciones desestabilizadoras ocurren en un momento en el cual Guatemala ha iniciado un proceso de recuperación de su sistema de justicia y están rindiendo resultados los esfuerzos para liberarlo del control de las redes criminales.
Lo que el presidente Arévalo expresó es que este primer semestre será crucial para el futuro de Guatemala. Se celebrarán las llamadas elecciones de segundo grado mediante las cuales se iniciará el proceso de renovación de los y las integrantes del Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad, Corte Suprema de Justicia y la joya de la corona de la alianza criminal llamada coloquialmente Pacto de Corruptos: el Ministerio Público. En ese proceso se ha empezado a observar un lento pero sostenido debilitamiento de las “estructuras desestabilizadoras” que la gobernanza criminal ha buscado detener con la violencia de ánimo golpista observada el 17 y 18 de enero. Como es harto sabido, la elección del presidente Arévalo en la segunda vuelta electoral del 20 de agosto de 2023, significó un rudo golpe al entramado criminal denominado Pacto de Corruptos, el cual está constituido por funcionarios y diputados venales, el crimen organizado, particularmente el narcotráfico, la ultraderecha neofascista y por la parte del gran capital que ha funcionalizado sus negocios con ese orden ilícito.
Esa alianza sufrió un tropiezo formidable al perder el control del Poder Ejecutivo en enero de 2024, una parte esencial para ejercer la dictadura delincuencial que había venido ejerciendo desde varios lustros atrás. Lo que hemos venido observando desde agosto de 2023 cuando Arévalo ganó la presidencia es un feroz forcejeo, en primer lugar, para impedir que asumiera la presidencia (una tentativa golpista que se expresó hasta el mismo día de toma de posesión el 14 de enero de 2024). Luego el Pacto de Corruptos ha desencadenado una sorda guerra de posiciones al interior del Estado que ha tenido su ariete principal en el Ministerio Público y la fiscal general Consuelo Porras. El Pacto de Corruptos al perder el control del Poder Ejecutivo, ha hecho de las demás instancias del Estado como son las cortes de justicia, el Ministerio Público y el Congreso de la República, verdaderas trincheras para amarrarle las manos al gobierno de Arévalo.
El triunfo el 13 de enero de la planilla 4 en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, mediante el cual se logró que no fuera parte del Pacto de Corruptos al menos uno de los cinco integrantes de la Comisión de Postulación de candidatos y candidatas para integrar el Tribunal Supremo Electoral, evidenció las posibilidades de lo que el presidente Arévalo ha llamado “el proceso de recuperación del sistema de justicia”. He aquí el motivo de fondo del estallido de violencia que ha conducido al país a la declaración del estado de sitio. En una acción coordinada desde dentro y fuera de las cárceles, los integrantes de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha 13 (MS 13) estallaron motines a partir del mediodía del sábado 17 en el Centro de Máxima Seguridad Renovación I (departamento de Escuintla), el Centro Preventivo Fraijanes II (municipio de Fraijanes, departamento de Guatemala) y el Centro Preventivo de la Zona 18 (Ciudad de Guatemala). El motivo superficial del amotinamiento se debió al descontento provocado por la reubicación de los líderes de las maras. Y en primer lugar, el del máximo jefe de la pandilla Barrio 18, Aldo el Lobo Ochoa Mejía. El Lobo purga sentencias que suman centenares de años de prisión por asesinato de conductores de autobuses, asociación ilícita, robo agravado, extorsión etc.,
El Lobo resume en su persona ese entramado entre poder político y crimen organizado que caracteriza al Estado en Guatemala. Desde hace algún tiempo se sabe que es esposo o pareja sentimental de María Marta Patricia Castañeda Torres, sobrina de la ex primera dama Sandra Torres (2008-2012), líder del partido político más organizado de Guatemala, la Unión Nacional de la Esperanza (UNE) y candidata presidencial en tres ocasiones. Quien sería la suegra de el Lobo, la hermana de Sandra Torres de nombre Gloria Torres, fue fundadora de la UNE, enlace entre el gobierno y los municipios durante el gobierno de Álvaro Colom (esposo de Sandra Torres). Desde 2011 Gloria y su hija María Marta Patricia han estado vinculadas a diversos procesos judiciales (peculado, lavado de dinero y otros delitos), han guardado prisión y han sido liberadas. En agosto de 2025, María Marta Patricia fue capturada nuevamente por el intento de asesinato de la fiscal Miriam Reguero Sosa en 2024, a consecuencia del cual murieron la madre de la fiscal y un guardaespaldas. La revisión de los antecedentes de Gloria, María Marta Patricia y su hermana Christa Eugenia informa de un nutrido historial delictivo vinculado al poder político.
La recuperación del control de las cárceles amotinadas con saldo blanco en la madrugada del 18 de enero provocó horas más tarde que integrantes del Barrio 18 y de la (MS 13) mataran a 9 policías e hirieran a 10 más. Esto sucedió principalmente en la ciudad de Guatemala y en municipios aledaños a la misma. El propósito de los ataques concertados era sembrar el terror en la misma Policía Nacional Civil y en la ciudadanía. Desde las redes sociales, la población (acaso también el mismo Pacto de Corruptos) comenzó a difundir mensajes instando a no salir a la calle, expresando un miedo generalizado. Esto fue el propósito de los asesinatos: sembrar una percepción de caos e ingobernabilidad, crear condiciones para debilitar o acaso tumbar al gobierno de Bernardo Arévalo. Y con ello detener el proceso de renovación del Poder Judicial.
Al momento de escribir estas líneas, el Gobierno de Guatemala ha recuperado el control de la situación nacional. Logró recuperar las cárceles, ha capturado a un número significativo de integrantes de las maras (los cuales probablemente serán liberados por los jueces venales) y ha establecido un estado de sitio que está dirigido hacia las pandillas y maras y hacia las estructuras político-criminales que las conducen. El presidente ha expresado que el estado de sitio no altera el funcionamiento de las instituciones y los procesos de renovación de las autoridades judiciales. Es decir que sigue adelante el proceso de renovación de las cortes de justicia y el Ministerio Público. Las actividades escolares solamente se suspendieron el lunes 19. El Pacto de Corruptos no logró ganar esta batalla, pero lo que suceda en los siguientes meses nos dirá si pierde la guerra de posiciones en la que está enfrascado con el Poder Ejecutivo. Un saldo colateral puede ser que, en esta batalla contra el crimen organizado, acciones de violencia provocadas por los poderes invisibles incrementen la popularidad de una eventual figura que enarbolando el ejemplo de Nayib Bukele, convierta las elecciones presidenciales en una derrota para la democracia lo que ahora se celebra como una victoria parcial de la misma. Ello dependerá de si una amplia coalición anticorrupción logra impedirlo. Al tiempo.
