La Fiscalía contra el Delito de Extorsión en Coatepeque notificó a Harol Yeraldo Salguero Morales una orden de captura vigente por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer exacciones intimidatorias. Foto La Hora: PNC
La Fiscalía contra el Delito de Extorsión en Coatepeque notificó a Harol Yeraldo Salguero Morales una orden de captura vigente por los delitos de asociación ilícita y conspiración para cometer exacciones intimidatorias. Foto La Hora: PNC

El Gobierno de Guatemala expresó su postura frente a la imputación de cargos presentada en contra del presunto integrante del Barrio 18 «Liro Rebelde», señalado de haber atacado a un agente de la Policía Nacional Civil (PNC).

Las autoridades manifestaron que no respaldan que el caso se haya limitado, hasta el momento, a delitos relacionados únicamente con portación ilegal de armas y fomento, al considerar que los hechos revisten mayor gravedad.

El presidente de la República, Bernardo Arévalo, se refirió al caso señalando que, si bien el Ejecutivo respeta la independencia del Ministerio Público y del sistema de justicia, existe preocupación porque la imputación no refleje de manera integral la naturaleza del ataque contra un agente del Estado.

Según indicó, una agresión directa contra un miembro de la PNC en el ejercicio de sus funciones constituye un hecho grave que debe ser analizado con todo el peso de la ley.

“Cuando un agente de la Policía es atacado en el cumplimiento de su deber, no se trata de un delito menor, sino de una agresión directa contra el Estado y contra la seguridad de la ciudadanía”, expresó el mandatario.

Arévalo sostuvo que limitar los cargos a delitos de portación de armas y fomento podría enviar un mensaje equivocado sobre la respuesta institucional frente a la violencia ejercida por estructuras criminales.

En ese sentido, enfatizó que el Gobierno no interfiere en las decisiones del Ministerio Público, pero sí tiene la responsabilidad de señalar cuando considera que la respuesta penal no es proporcional a la gravedad de los hechos.

“Respetamos plenamente la autonomía de las instituciones de justicia, pero también es nuestra obligación señalar cuando consideramos que la imputación no refleja la dimensión real del ataque cometido”, afirmó.

Por su parte, el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, coincidió en que la imputación presentada resulta insuficiente frente a un ataque armado contra un agente policial.

El funcionario indicó que los informes policiales dan cuenta de una agresión directa, lo cual, a criterio del Ministerio de Gobernación, podría encuadrar en otros tipos penales más severos.

“La información que manejamos como Ministerio evidencia que se trató de un ataque directo contra un agente de la PNC, y eso debe ser valorado conforme a la gravedad del hecho”, señaló Villeda.

El funcionario señaló que los agentes de la PNC enfrentan diariamente riesgos significativos en su labor contra las pandillas y que la respuesta del sistema de justicia debe contribuir a su protección y al fortalecimiento de la autoridad del Estado.

Traslado de hermano del «Lobo», el «Smurf» y el «Inquieto», según Mingob se debe a criterio técnico

Añadió que procesar este tipo de hechos únicamente por delitos menores no refleja el impacto real que tienen las agresiones contra fuerzas de seguridad en la seguridad ciudadana.

“Nuestros agentes salen todos los días a enfrentar estructuras criminales, y el Estado debe responder con firmeza cuando son atacados”, puntualizó.

No obstante, tanto el presidente como el ministro reiteraron su respeto al debido proceso y a las competencias del Ministerio Público y del Organismo Judicial, subrayando que serán estas instancias las encargadas de determinar si existen elementos suficientes para ampliar o modificar la imputación conforme avance el proceso judicial.

Kenneth Jordan
Periodista y fotógrafo apasionado por lo intrigante del mundo, buscando los detalles únicos con una mirada de curiosidad y asombro constante.
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