El hecho de patrocinar a una persona para que pudiera llegar a Estados Unidos, tiene obligaciones legales y económicas y lamentablemente ni el gobierno de Estados Unidos, menos el de Guatemala, brindaron información en relación con el patrocinio y debo señalar que uno de los errores más comunes es asumir que el patrocinio es un simple requisito administrativo.
Ya que la realidad es completamente distinta, pues al firmar el formulario I-864, conocido como Declaración Jurada de Patrocinio Económico, la persona que funge como patrocinador del inmigrante que llevó a la Unión Americana, establece un contrato legal vinculante con el Gobierno de Estados Unidos.
Enfatizo que el compromiso obliga a la persona que es el patrocinador a poder garantizar que el inmigrante que ingresará a Estados Unidos, no dependa de ciertos beneficios públicos.
Si la persona inmigrante que fue patrocinada, recibe ayudas consideradas reembolsables por la ley estadounidense, el Estado podría, en determinados escenarios, llegar a exigir el reembolso de esos fondos al patrocinador, un tema que desconocen las personas.
He de enfatizar que la obligación legal y económica del patrocinador, no desaparece automáticamente con la obtención de la Green Card, ya que la obligación puede mantenerse vigente hasta que el inmigrante se naturalice, llegue a efectuar la acumulación de 40 trimestres de trabajos reconocidos, abandone los Estados Unidos de forma permanente o que falleciera.
¿GOBIERNO DE EE. UU. PUEDE EXIGIR REALIZAR PAGOS?
Aunque la ley contempla dicha posibilidad, se debe aclarar que no se trata de una práctica automática ni generalizada por parte de las autoridades, ya que para que exista un reclamo económico por parte del gobierno estadounidense, deben darse condiciones muy específicas y ser evaluadas por parte de autoridades caso por caso, que se han dado ya en la actualidad.
Sin embargo, el solo hecho de que la opción exista legalmente, ha promovido la preocupación generalizada, sobre todo en un momento en que las políticas migratorias de la actual administración republicana en Estados Unidos, muestran una tendencia más férrea, estricta y fiscalizadora en varios aspectos, por lo que gran cantidad de patrocinadores temen el tener que enfrentar serias consecuencias por decisiones tomadas años atrás, cuando el panorama político y legal en anterior administración era distinto, pero que no se llegó a informar el compromiso y responsabilidad que se adquiere tanto legal como económico por ser patrocinador.
El ambiente de creciente tensión migratoria existente y que se ha manifestado será más duro en el segundo mandato de la administración Trump, se ha dado a conocer en los últimos meses, hemos notado que se han intensificado los mensajes oficiales sobre control, cumplimiento de normas y revisión de estatus migratorio de las personas en Estados Unidos, incremento de operativos por parte de ICE, mayor contratación de personal de dicha agencia con 12 mil efectivos incorporados a dicha agencia, mayor impulso de leyes antiinmigrantes como es el caso de estados republicanos, por lo que ha incrementado enormemente la percepción de altísimo riesgo entre comunidades de inmigrantes de diferentes nacionalidades entre ellas la guatemalteca, hondureña, salvadoreña, mexicana, ecuatoriana, cubana, haitiana, venezolana entre otras.
Este contexto ha hecho que advertencias deben tener un mayor impacto dentro de la población inmigrante en situación irregular, lo que ha generado mayores dudas sobre posibles cartas de cobro, revisiones retroactivas o responsabilidades financieras inesperadas que puedan ser enviadas por la administración Trump y que se deben enfocar esfuerzos y altos montos para el pago de la contratación de abogados migratorios para defender sus casos para quienes son patrocinadores.
Al conversar con varios inmigrantes patrocinadores, han manifestado su preocupación al conocer, que el compromiso legal podría extenderse por largo tiempo y temen que deban realizar fuertes pagos y quedar endeudados con el gobierno de Estados Unidos, poniendo en riesgo sus bienes, al no haber recibido explicación de las serias consecuencias que podrían darse, pensando que era parte de un requisito establecido, tema que tampoco fue aclarado por parte de abogados a los cuales acudieron para realizar las gestiones, realizando fuertes pagos para llevar a familiares y reclaman la falta de transparencia.
Se recomienda no ignorar notificaciones
Ante la situación que se está dando, lo recomendable es no entrar en pánico, estar informados adecuadamente, a la vez, buscar la asistencia legal de un abogado migratorio para recibir asistencia adecuada y recomendando no ignorar ninguna notificación oficial y a la vez no asumir responsabilidades económicas, sin antes tener la asesoría de un abogado de inmigración o de una organización pro estadounidense, que pueda orientar adecuadamente el caso a plantear.
Debo resaltar que el tema que trato actualmente, es alertar a las personas que son patrocinadoras, que puedan comprender y entender mejor los documentos que vayan a firmar, así como las implicaciones legales y económicas a largo plazo, especialmente quienes estén considerando patrocinar a un familiar en el futuro.
Debo reconocer que el tema reabre un debate recurrente en los Estados Unidos, poniendo en consideración: hasta qué punto es justificable que ciudadanos y residentes permanentes estadounidenses, asuman responsabilidades económicas y legales prolongadas, por el hecho de haber apoyado a personas que legalmente emigraron a Estados Unidos.
Resalto que mientras no exista un anuncio por parte del gobierno estadounidense de cambios en la aplicación de estas normas, indudablemente la preocupación seguirá en crecimiento dentro de las diferentes comunidades de inmigrantes residentes en Estados Unidos.
Debo recalcar que la falta de campañas de información tanto en medios escritos, radiales y televisivos por parte del gobierno de Estados Unidos, así como en los países expulsores de migrantes, con información clara y accesible para las personas, sigue siendo una de las principales fallas y reclamos por parte de los inmigrantes, que se sienten abandonados por sus gobiernos en asistencia legal, por parte de quienes brindan los escasos servicios de orientación en los consulados, tema que deberían enfatizar las autoridades ministeriales en mayor preocupación de atender adecuadamente.
En un escenario migratorio que se vislumbra cada vez más complejo en el presente año 2026 en Estados Unidos, recalco que se debe tomar en cuenta por parte de los gobiernos a través de consulados y asesores legales en Estados Unidos y por parte de instituciones vinculadas al tema migratorio en sus respectivos países, el brindar una asesoría legal con mayor orientación, ya que la información adecuada, así como la transparencia en las gestiones, son clave para evitar a los inmigrantes el cometer errores costosos y que puedan tomar decisiones sin la debida asesoría legal.
Es hora de mostrar responsabilidad, para quienes sostienen la economía de los países como es el caso de Guatemala, que por medio del envío de remesas, representa el 20.6% del Producto Interno Bruto del país, así como el sostenimiento de más de 6.5 millones de familiares, por lo que no puede abandonarse a la comunidad guatemalteca, sin informar adecuadamente.
