Oscar Clemente Marroquín
ocmarroq@lahora.com.gt
Que los empresarios que también tienen contratos de arrendamiento en Puerto Quetzal se pronuncien para que siga la negociación de TCQ se explica porque el día en que se declare que el usufructo es una simulación de negocio para encubrir la concesión les afectaría y son muy poderosos sectores vinculados al azúcar, los combustibles, los granos y la construcción. Pero que el gobierno diga que hay que ser “prudente” es una insensatez porque jamás podremos tener una negociación saludable para el país con los pícaros financistas y los españoles si nos ven de rodillas como se ha puesto ya el gobierno con la “prudencia” que reclama el Ministro de Finanzas Públicas.
Tenemos que negociar en posición de fuerza para hacer ver que no andamos con contemplaciones. Que es mil veces preferible perder tiempo para tener un puerto competitivo, que ponernos de culumbrón ante el Banco Mundial y los holandeses que compraron la operación de Contenedores de Barcelona. Recuerde el Ministro que quien mucho se agacha, el trasero enseña.
Conocí al Ministro de Finanzas cuando siendo el comisionado para las alianzas público privadas dijo que era un error cerrar la operación de La Riviera porque se enviaba un mal mensaje al inversionista. Era obvio que el negocio de La Riviera había sido amañado, como se hacen casi todas las cosas en nuestro país, y ante la acusación se dictó embargo de los bienes en el país, y por lo tanto no podía seguir funcionando. El Ministro vino a La Hora y reconoció que había sido un error suyo haber antepuesto “la confianza del inversionista” a la transparencia y la legalidad.
Pues ahora le digo que está cometiendo un grave error al predicar esa prudencia que sostiene y que, desde luego, la contraparte ve como signo de debilidad que puede operar en su favor a la hora de dilucidar cualquier reclamación. Por el contrario, el gobierno tiene que ser tajante en el sentido de que no se puede avalar ningún acto ilegal, por importante que sea para el país una obra y que se llegará hasta las últimas consecuencias. En esas condiciones hablemos con los pícaros inversionistas y los pícaros analistas del Banco Mundial que decidieron no sólo financiar sino invertir en un negocio sucio. Se les advirtió, no sólo por Acción Ciudadana de Manfredo Marroquín, sino por los sindicalistas de Puerto Quetzal y se dejaron llevar por las explicaciones de Allan Marroquín y los abogados de Pérez Molina y Baldetti.
Marroquín fue llevado a ese puesto porque su bufete fue diseñador de formas de hacer negocios como los fideicomisos públicos, los arrendamientos onerosos del Estado, los usufructos, las ventas opacas y sin pasar por el Congreso de empresas públicas que producían ganancias, que aconsejaron los arrendamientos con opción de compra para evadir la Ley de Compras.
Bufetes de asesores de Arzú tanto en el Gobierno como en la Municipalidad donde todas esas figuras se siguen usando a diestra y siniestra para mayor opacidad.
El presidente Jimmy Morales tiene que actuar de acuerdo a lo que han expuesto ya la Contraloría de Cuentas y la Procuraduría General de la Nación, y los tribunales tienen que actuar con apego a la ley declarando la nulidad del espurio negocio, sin perjuicio de lo que penalmente resulte de la acusación formulada.
