He observado con satisfacción cómo, en nuestro país, cada día son más los jóvenes que se entusiasman por la investigación científica e incluso consiguen reconocimientos. La situación nacional en todos los campos del quehacer humano, demanda precisamente de ese esfuerzo.
La mayoría de problemas que aquejan a nuestro entorno y a nuestra gente, requieren de la ciencia para su interpretación y abordaje. Por el rigor de su análisis y solidez de conclusiones, la ciencia es la herramienta más segura y confiable para brindar soluciones. Sin embargo, en la actualidad, quienes se dedican a tan noble labor enfrentan desafíos monumentales para poder realizar, divulgar y aplicar su trabajo en forma adecuada.
Históricamente, la investigación en nuestro medio ha sido limitada y poco atendida, tanto por el Estado como por la academia. Hoy, al igual que otras actividades humanas, su labor se ve impactada por la inteligencia artificial (IA) que está teniendo profunda influencia en la planificación, razonamientos, decisiones y en los análisis de la investigación.
Si bien la IA sirve para fortalecer la metodología científica y potenciar tecnologías disruptivas —capaces de revolucionar industrias, mercados y servicios esenciales como la salud y la educación— desafortunadamente es poco lo que se utiliza con esos fines de transformación real en nuestro contexto, tanto en la educación como en el trabajo profesional.
La adopción de la ciencia y la IA en el trabajo del Estado y la sociedad, es indispensable para atender la crisis nacional del desarrollo humano y la protección ambiental. La precaria situación de la naturaleza y la sociedad en nuestra nación, exige transformaciones drásticas en la economía, las finanzas, la salud, la educación y en el manejo ambiental. Contamos ya con tecnologías potencialmente disruptivas como la computación cuántica, la robótica y la biotecnología emergente; estas deberían ser los pilares en la planificación y ejecución tanto del Estado como de la iniciativa privada. Como nación, no solo debemos adaptarnos a estos cambios vertiginosos, sino estar preparados para capitalizar su promesa mediante un uso adecuado.
Aprovechar estas posibilidades en un entorno tan resistente al cambio como el nuestro no es tarea fácil. Los investigadores nacionales deben sortear un sistema que suele regirse por valores, la mayoría de ellos, ajenos al bienestar colectivo y la preservación natural. Ni la academia ni los gremios profesionales están actualmente a la altura de ese desafío. Es urgente alinearlos hacia la búsqueda de un bienestar nacional que profundice en la independencia, el rigor y la excelencia del uso de la ciencia como instrumento del desarrollo.
Los responsables de la toma de decisiones en todos los estratos de la sociedad, necesitan asesoramiento basado en evidencia. Por lo tanto, universidades, gremios y academias profesionales y científicas, deben aunar esfuerzos para fomentar la innovación científica allí donde surja su necesidad y oportunidad. Necesitamos un Gobierno que actúe como promotor decidido de la investigación básica y aplicada para resolver sus problemas estructurales. Pero, a la par, requerimos universidades capaces de responder con contundencia y veracidad a una pregunta vital: ¿Qué debemos hacer para resolver los problemas nacionales?
