
El ministro de la Defensa Nacional Henry David Saenz se refirió a las adjudicaciones que esa cartera ha otorgado a Distribuidora Siloe, S. A., una compañía por la cual el diputado Luis Aguirre se interesó cuando esta gestionaba permisos en el Registro General de Adquisiciones del Estado (RGAE), según confirmaron a La Hora fuentes cercanas que conocen los procesos de compras.
En una entrevista concedida en las instalaciones del Ministerio de la Defensa (Mindef) Saenz, en compañía del jefe de Compras de dicha cartera, recibió a este medio y respondió que no tenía conocimiento de que la referida empresa tuviera alguna relación con el legislador en mención.
Desde 2022 a la fecha, Siloe obtuvo Q35.6 millones por contratos con el Mindef, entre licitaciones, cotizaciones, compras directas y de baja cuantía. Les vendió desde equipos tácticos militares hasta alimentos e insumos eléctricos.
La Hora reveló en una investigación publicada este 15 de enero, que esta compañía hizo crecer sus ventas de manera exponencial de 2024 a 2025, años en los cuales pasó de obtener Q1.5 millones en adjudicaciones a Q153.5 millones, un incremento de más de 11,000 por ciento (%).
Dentro de los contratos que obtuvo figuran tres que firmó con el Mindef, uno en 2023 y dos en 2025, por los cuales obtuvo Q33.8 millones.
El jefe de la Defensa Nacional se refirió al que firmaron en 2025 por Q20.2 millones por la compra de diversidad de artículos a utilizarse en la nueva brigada militar de operaciones de selva que se construye en Petén.
A Siloe le rechazaron una oferta para vender mil motocicletas a la Policía Nacional Civil (PNC), en octubre de 2024, luego de la Junta de Licitación del Ministerio de Gobernación consideró que era una empresa que no tenía capacidad técnica para proveerles tal cantidad de vehículos.
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Sin embargo, dicha constatación no fue efectuada por la Junta del Mindef encargada del proceso de licitación del equipo a instalarse en la sede militar de Petén. Saenz dijo que las juntas de licitación son autónomas, pero que tienen la libertad de poder hacer ese tipo de averiguaciones.
“Nosotros les damos la libertad, les damos los medios. Si consideran ir a una dirección donde esté una razón social entonces les ponemos seguridad y vehículo”, subrayó el titular de Defensa. “Pero obligarlos a que lo hagan… va un poco en abuso de autoridad”, añadió.
Al hablar de lo elevado del costo por la compra de materiales, el ministro enfatizó que la obra que se construye en Petén es nueva y se empezó “desde los cimientos”, es decir se tuvo que instalar drenajes, postes, tendido eléctrico y levantar las paredes.
Reveló que la Contraloría General de Cuentas llegó al lugar dos veces a supervisar el proyecto porque “les pareció exagerada la cantidad de cemento que se estaba comprando”, y añadió que, aunque desconoce si antes de empezado el evento de compra se hizo una investigación previa de la empresa, esta cumplió con lo ofrecido en el contrato.
PROYECTOS FALLIDOS
Los ejemplos de empresas que ofrecen algo en papeles, pero no cumplen abundan, en muchos casos el problema se deriva porque se trata de compañías que no tenían la experiencia en el campo que son contratadas. Entre estos se puede contar el caso del Estadio Doroteo Guamuch Flores en el que los trabajos se quedaron tirados porque la empresa que ganó el evento no supo cómo importar la grama y pista que ofreció.
O la construcción de una planta fotovoltáica de energía eléctrica en Escuintla donde los supervisores del Instituto Nacional de Electricidad (INDE) tuvieron que rechazar los paneles solares que la empresa había comprado porque no eran los que el proyecto necesitaba.

La construcción de la planta también se quedó abandonada.
Pero, en el caso de la brigada de Petén —afortunadamente— no ocurrió lo mismo, confirmó Saenz. “Todo está entregado, al día, en hora y en calidad”, aseveró. En relación con la necesidad de investigar la capacidad de las empresas cuando se liciten ciertos productos, señaló que el Congreso es el llamado a hacer los cambios necesarios.
CAMBIEN LAS LEYES
“Denle la autoridad a las instituciones para que sea obligatoria esta investigación”, precisó Sanez, quien también opinó que se podría hacer obligatorio una especie de declaración jurada en donde el potencial contratista niegue tener vínculos políticos.
“Pero nadie hace esa ley. Nosotros de este lado solo cumplimos el marco legal que hay”, señaló el ministro.
“Las empresas vienen o los oferentes vienen y se inscriben. Legalmente pueden hacerlo indistintamente que oferten huevos hasta vehículos”, añadió el jefe de compras, toda vez presenten la constancia del RGAE.
En el caso de Siloe, la investigación de La Hora revela que no estaba precalificada para vender motocicletas, pero que luego de una gestión, precisamente en el RGAE y de la aparente intervención del diputado Aguirre, logró obtener el permiso.
Saenz concluye que la mayoría de empresas tiene un giro comercial casi universal, es decir se dedican a todo. “Venden desde satélites hasta cloacas”, señala el jefe de Defensa, quien respondió que esto es común entre los proveedores del Estado. “Tristemente no es una respuesta esperanzadora”, reconoció.







