Pedro Pablo Marroquín Pérez
pmarroquin@lahora.com.gt
Hay ocasiones en las que nuestro empresariado organizado se pinta de cuerpo entero y ahora con este caso de TCQ y los millonarios sobornos, ocurre lo mismo que con las elecciones, es decir, se muestran a favor del Estado actual de las cosas o mejor dicho a favor del Estado actual de la porquería.
Desde el viernes andan sus voceros diciendo que el negocio de la terminal de puertos debe subsistir por el bien del país, pero ellos pretenden que los mafiosos de TCQ lo sigan operando cuando en realidad lo que debe proceder es que el Estado se haga de lo ya ejecutado por la firma española, termine los trabajos para que sea el mismo Estado quien empiece a operar la nueva terminal o realice una concesión en el marco de la ley y que el país sí salga ganando.
En otras palabras, lo ya construido debe ser algo que al Estado de Guatemala le debe quedar sin pagar un centavo por lo ya ejecutado y le corresponde al banco que financió a TCQ ejecutarlos (por mafiosos deberán de perder la garantía en Guatemala); TCQ nunca le pagó al país esos $30 millones, sino se ganó el “derecho” al sobornar a personas que recibieron el dinero a título personal, extremo que inexplicablemente, defienden algunos.
Siendo ese el argumento del sector empresarial (que se respete a TCQ), entonces deben ser consecuentes y deben aceptar las invasiones y dejar que, ante la necesidad que tiene el país de que cada vez más gente tenga acceso a la tierra y derivado de que muchas personas se meten a sacar préstamos para construir en los terreno invadidos, se capture a quienes lideraron la invasión, pero que al resto de familias junto con sus edificaciones, que por cierto les cuestan plata, se les permita permanecer en el lugar porque según ellos ya es un derecho adquirido y hay una necesidad como la de la competitividad.
En las invasiones dirán que eso no procede porque el derecho adquirido fue de forma fraudulenta, pero en el caso de TCQ, por obra y gracias de Dios, se hacen de la vista gorda del origen espurio del acuerdo (por cierto, una concesión ilegalmente disfrazada de usufructo) y piden que por las “reglas claras” se respete la cochinada.
En Guatemala hay muchos empresarios honrados que justamente no se sienten representados por esas dirigencias empresariales de hoy porque simple y sencillamente andan pensando en el fin sin importar los medios y eso explica, mucho, porqué Guatemala no cambia.
Es inaudito que nadie tenga los pantalones de decir que los bienes regresen al Estado con todo y lo construido por TCQ, pero luego me recuerdo que si hacen eso ponen el riesgo las fortunas de muchísimos que navegando con bandera de capaces, han hecho millones a base de trinquetes como el de TCQ, alegando que una vez consumado el negocio se debe respetar el hueveo para “no mandar malas señales a los inversionistas”.
Para cambiar, entre otras cosas, en Guatemala los ciudadanos debemos jugar un mejor papel, los partidos políticos deben dejar de ser sociedades anónimas disfrazadas, algunos medios deben dejar de ser vehículos para recibir fafas solapadas y los dirigentes empresariales no pueden hacerse de la vista gorda con lo evidente y peor aún, defender lo indefendible.
Insisto, si siguen en esa línea de defender a TCQ, clavarán su propia estaca porque abrirán la puerta a que se debata si deben subsistir las invasiones bastando solo que se capture a quienes las lideraron.
